¿Bajar impuestos para compensar precio del gas?
El ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, y el Superintendente de la SAT, Marco Livio Díaz Reyes, dicen que el Gobierno no está en una posición que le permita bajar impuestos para compensar el incremento en el costo de vida y, concretamente, en los precios del gas propano y la gasolina.
Como se puede leer en Prensa Libre: “Las autoridades … declararon como inviable la posibilidad de exonerar de impuestos la comercialización de GLP y otros derivados del petróleo, como un paliativo ante el encarecimiento de estos insumos.”
En esta línea, una reducción de impuestos tendrá un impacto negativo en las finanzas públicas del país y, por lo tanto, no es factible sin poner en riesgo la situación financiera del Gobierno de Guatemala.
Pero ¿qué tan cierto es que el Gobierno no está en la posición de bajar impuestos (por ejemplo, el impuesto sobre el combustible) para paliar el incremento en los precios de gas?
Lo que las autoridades no quieren que sepamos
Esta no es toda la historia. Las palabras de ambos funcionarios parecen implicar que el grueso de los ingresos del Gobierno –la recaudación fiscal—está atravesando por tiempos difíciles. Nada más lejos de la verdad. El Gobierno –a raíz de un auge en remesas y construcción durante el 2021— nunca ha recaudado tanto. Por eso, dado el aumento en la recaudación, argumentaré que hay espacio más que suficiente para reducir impuestos. Bajar impuestos es una cuestión de voluntad, no de capacidad.
Empecemos con los datos. Voy a resumir los impuestos más importantes en la actual recaudación fiscal del país, comparando la recaudación en 2019 (año prepandemia), en 2020 (año de pandemia) y 2021 (recuperación). Para el año 2021 tenemos datos hasta septiembre (primeros nueve meses), por lo cual comparo los datos de enero a septiembre de cada uno de estos años. Todos los datos son en millones de quetzales.
Todo esto se vuelve cuanto más obvio si comparamos los totales por impuesto por año:
En todos estos impuestos, la recaudación ha registrado un crecimiento de doble dígito en comparación no solo con el año de la pandemia (2020), sino también con el año prepandemia (2019). La idea de que el Gobierno no tiene ningún margen para bajar impuestos se apoya, por lo tanto, en una fantasía.
La gran pregunta es: ¿por qué, si el Gobierno está recaudando en muchos casos hasta 30% más que en el 2019 o casi 50% más que en el 2020, dicen las autoridades “que no hay margen para bajar impuestos”?
La respuesta la encontramos en la expansión del gasto público durante la pandemia. El propósito de éste artículo no es dilucidar lo conveniente (o no) de la expansión del tamaño del Estado, pero mi colega Daniel Fernández ha escrito en varias ocasiones (aquí, aquí y aquí) acerca del desmesurado incremento del gasto público (y, consecuentemente, déficit fiscal y deuda pública).
El hecho de que estos dos años han sido tiempos de «exuberancia» y opulencia para el sector público es el secreto mejor guardado en Guatemala.
Sobre la “realidad nacional”
Todo esto parece paradójico, porque el propio Superintendente de la SAT declara que: “Una exoneración generalizada nos llevaría a una pérdida de la recaudación muy parecida a la pandemia.” Como vemos en los datos, esta afirmación simplemente no es correcta e insistir en ella sería faltar a la verdad.
Por lo tanto, cuando el Superintendente de la SAT afirma que lamenta mucho “que se estén brindando estas declaraciones sin datos que no responden a la realidad nacional”, en realidad él es el que no está brindando datos y él es el que no conoce la realidad nacional.
Si el Gobierno gastara lo mismo que antes de la pandemia, podríamos no sólo eliminar el impuesto sobre el combustible, sino también otros impuestos como los aranceles, sin ningún efecto fiscal negativo. En otras palabras, el Gobierno sí está en la posición de considerar una bajada en impuestos para paliar el incremento en el costo de vida de los guatemaltecos.
El impuesto sobre el combustible no sólo es un impuesto al consumo, pero también un impuesto a la producción
Lo que no se ha mencionado en las discusiones en los últimos días es el hecho de que el impuesto sobre combustibles no sólo es un impuesto al consumo, sino también un impuesto a la producción.
Es cierto, reducir un impuesto sobre el combustible reduce el costo de vida de los guatemaltecos en la medida que este reduzca el costo de la gasolina.
Sin embargo, hay otros beneficios que incluso pueden ser más importantes.
Primero, una reducción en el precio del combustible reduce el costo de transporte en general. Significa que los hogares guatemaltecos no sólo se benefician con una factura más baja para el gas propano, pero además con una reducción general del costo de vida. Si los costos de transporte bajan, los precios de los productos en las tiendas también bajarán. Además, el precio más bajo del combustible facilita la producción, en la medida que significa un alivio y una reducción de costos para las empresas. Un costo más bajo vuelve Guatemala un país más competitivo y más atractivo para que la industria se establezca en Guatemala en lugar de otros países.
Es decir, bajar el impuesto sobre combustibles vuelve Guatemala más competitiva y más capaz de atraer inversión extranjera, porque reduce potencialmente el costo de producción de la práctica totalidad de bienes.
Bajar otros impuestos para paliar el incremento en el precio de gas
Ahora bien, existen otras opciones a bajar el impuesto sobre combustibles para compensar el alza en sus precios. Se puede pensar en, por un lado, bajar otros impuestos que dejan más dinero en las manos de la gente para, por otro lado, compensar el aumento en el precio de gas.
Un candidato ideal para tal bajada deben ser los aranceles. Los aranceles generan 300 millones de quetzales al mes en ingresos fiscales y es completamente factible abolirlos por completo. Eliminar todos los aranceles significa que una mejora inmediata en el costo de vida de los guatemaltecos e introduce más competencia interna, beneficiando también en el mediano plazo a los propios consumidores guatemaltecos.
Eliminar los aranceles por completo también tiene el potencial de reducir el contrabando en el país, tal como muestra la experiencia con el tratado de libre comercio entre México y EE. UU. (el cual redujo significativamente el contrabando entre ambos países).
La desventaja de una exoneración del IVA sobre el gas propano y la gasolina
Otro ministro, el ministro de Economía Antonio Malouf, afirmó correctamente que los precios topes no pueden resolver el incremento en el precio de gas. Añadió que “la única manera de bajar el precio del cilindro es autorizando algún tipo de [reducción de impuestos]” y que “eso lo deberíamos de trabajar en el Congreso”.
Primero, habrá que aplaudir el reconocimiento del ministro que su labor es parte del poder ejecutivo del Estado, mientras que una reducción de impuestos realmente es un asunto del poder legislativo (el Congreso). En este sentido, los ministros deben tener una actitud de servicio y colaboración hacia el deseo de gran parte de la población de obtener un alivio fiscal.
Segundo, también acertó el ministro Malouf en que la única forma de mitigar el incremento en el corto plazo del incremento de precios sea a través de una reducción de impuestos.
De ahí, el ministro sugirió la idea de generar una exoneración de IVA para el gas propano y/o combustibles en general. Sin embargo, esto es una mala idea. Una exoneración del IVA sobre el gas propano no sólo tiene como desventaja privilegiar al gas propano frente otras fuentes de energía (por ejemplo, la electricidad), sino también da pie a un sistema tributario más complejo.
De hecho, si se exonera el gas propano, ¿por qué no exonerar el agua, los alimentos y la ropa como bienes básicos? Además, implementar un sistema de IVA diferenciado (0 % sobre algunos bienes, 12 % sobre otros) es técnicamente difícil y costoso, por lo cual los costos de dicho sistema pueden superar los beneficios.
De hecho, países como los Países Bajos, que ya implementaron una tarifa diferenciada de IVA para bienes de primera necesidad, muestran claramente que las desventajas superan las ventajas. Se llegó a la conclusión de que es mejor tener impuestos bajos sobre el trabajo y empresas que exonerar una canasta de productos parcialmente mediante un régimen de IVA diferenciado.
Alinear los intereses de los guatemaltecos con los incentivos de los políticos y funcionarios: ¿por qué no hay recortes de gasto público?
Vale la pena discutir iniciativas que buscan condicionar cualquier incremento en los salarios en el sector público a (i) no tener déficit fiscal y (ii) tener un crecimiento del producto interno bruto (PIB) positivo.
Para empezar, esto hubiera evitado el aumento en los salarios en el sector público durante la pandemia (lo cual fue un golpe bajo para el sector privado que sí se estaba apretando el cinturón). Lee por ejemplo aquí como, durante la pandemia, los salarios de cotizantes en el IGSS del sector público han aumentado, mientras que los mismos han bajado en el sector privado.
Para el presupuesto del 2022, el Ministerio de Finanzas proyecta algo más de Q30,000 millones de quetzales únicamente en remuneraciones a empleados públicos. Si no fuera por el déficit fiscal (el cual el Gobierno no está resolviendo y ni siquiera está siendo comentado), una reducción de poco más de 1 % en las remuneraciones del sector público financiaría la completa eliminación del impuesto sobre el combustible.
¿El camino correcto? según las autoridades
Además, las declaraciones del ministro de Finanzas son completamente falsas. Declaró que en ninguna parte del mundo se haya bajado los impuestos para compensar por un incremento en los precios del mercado. Esta afirmación es incorrecta. De hecho, el mes pasado el Gobierno de los Países Bajos decidió reducir el impuesto sobre la energía y la electricidad para paliar el aumento del costo de la energía. Hace tres meses, el Gobierno de Alemania bajó el impuesto para el fomento de energía renovable de 6.5 centavos a 3.72 centavos por kilovatio/hora.
Lo que el ministro Ricci llama «el camino incorrecto» para Guatemala, aparentemente sí ha sido el camino correcto para Alemania y Holanda.
¿Es la recaudación tan positiva de 2021 sostenible?
Tanto las remesas como el sector de construcción están en medio de un auge inesperado (se supone que éstos sectores cíclicos sufren, no se expanden, en una crisis). Ambos sectores presentan cifras muy superiores a las registradas antes de la pandemia.
¿Que hizo que durante la pandemia ambos sectores aumentaran?
La respuesta es la política de estímulo fiscal (en forma de «dinero helicóptero» a prácticamente toda la población estadounidense) de Joe Biden. En concreto, las indiscriminadas transferencias del Gobierno de EE. UU. al comienzo del 2021 han producido varias consecuencias no intencionadas, entre ellas una escasez de trabajadores en el mercado laboral, pero más importante para nosotros, un auge en remesas en varios países latinoamericanos.
Si mi hipótesis es correcta, entonces puede haber un problema con la sostenibilidad del gasto del Estado de Guatemala en los próximos años. Todo esto no implica que no se puede hacer nada en este momento, mientras que la recaudación fiscal está (y ya ha estado durante un año y medio) en plena expansión.
Si el miedo del ministro de Finanzas es que el auge en la recaudación sea temporal e insostenible, y así puede poner en riesgo las finanzas públicas en el mediano plazo, entonces la solución consiste en un impuesto anticíclico sobre el combustible. Un impuesto anticíclico sobre el combustible reduciría a cero la tasa impositiva cuando los precios de los combustibles son altos (como en la actualidad) e incrementa gradualmente la tasa impositiva si el precio de los combustibles bajara (dando estabilidad al precio minorista de los mismos).
Conclusiones
En síntesis, el Gobierno de Guatemala ha disfrutado un boom de ingresos fiscales. Existen incrementos de más de 20 % en la recaudación fiscal en 2021 en comparación con la situación anterior a la pandemia (2019). En este sentido, reducir impuestos para paliar el incremento en el costo de vida de los guatemaltecos es completamente factible.
Las declaraciones del ministro de Finanzas y del Superintendente de la SAT demuestran una falta de voluntad, aunque afirman que es un problema de capacidad. Debemos exigir mayor responsabilidad a los políticos guatemaltecos en el manejo de las finanzas del Estado. La única forma de enfrentar el aumento en el precio de gas propano y la gasolina, ayudando a la población guatemalteca, es reducir impuestos, preferiblemente (aunque no exclusivamente) el impuesto sobre el combustible.
Aviso legal: el análisis contenido en este artículo es obra exclusiva de su autor, las aseveraciones realizadas no son necesariamente compartidas ni son la postura oficial de la Universidad Francisco Marroquín.
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Olav Dirkmaat
Olav Dirkmaat es profesor de economía en la Universidad Francisco Marroquín y Chief Investment Officer (CIO) de Hedgehog Capital. Antes era vicepresidente en Nxchange y GoldRepublic. Es doctor en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid).
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Excelente, investigación.
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Excelente un articulo muy detallado donde se devela la verdad sobre las finanzas del País y la hipocresía de este Gobierno, lamentable que no haya voluntad de Mejorar la Vida y el progreso de Nuestra Gente, quedando demostrado que a este Gobierno no le interesa el porvenir de su Pueblo solo la riqueza a costa del horario Público..
Muy buen artículo, ahora bien, el subsidio es la solución a esta problemática, ya que, quienes siguen beneficiándose son los dueños de las gasolineras y las empresas transnacionales de venden el gas, sin embargo, el problema continúa, no se refleja en costos bajos de diversos productos,