El impuesto único sobre inmuebles —IUSI— es un impuesto progresivo de 0.3 % a 0.9 % sobre el valor registrado de un inmueble. La iniciativa 6709 pretende modificarlo de tres formas:

• establecer una sola tasa de 0.3 %;
• cobrarlo únicamente sobre el valor registrado menos la deuda hipotecaria;
• exonerar completamente a los mayores de 60 años.

El IUSI tiene varios problemas de fondo. Primero, implica una forma de doble tributación: uno ya pagó ISR sobre los ingresos con los que compró la propiedad, pero luego debe seguir pagando impuestos sobre lo adquirido. Por eso muchos lo ven como una especie de «alquiler» permanente al Estado, algo indeseable.

Segundo, es arbitrario e injusto. En Guatemala se calcula sobre valores registrados que muchas veces no reflejan el valor real de mercado, lo que distorsiona la carga tributaria y castiga más a las nuevas construcciones. Pero la alternativa de dejar que el gobierno determine «cuánto vale» cada propiedad puede abrir la puerta a abusos todavía mayores.

Tercero, castiga el desarrollo de la tierra: mientras más se construye y mejora un inmueble, más sube la carga fiscal. Además, parte del costo termina trasladándose a viviendas, locales y oficinas. En cambio, un terreno baldío paga poco. Sin embargo, reemplazarlo por un impuesto sobre la tierra, como algunos sugieren, no elimina el problema de arbitrariedad.

Sin embargo, lo que realmente está en juego con esta iniciativa es la pelea por el futuro control de las municipalidades. Las «munis» dependen en buena medida del IUSI, y esa dependencia ha aumentado con el tiempo (con la excepción de San Miguel Petapa). Entonces, el «alivio fiscal» no será a costa del gobierno central ni del Congreso, sino a costa de las municipalidades.

¿De cuánto dinero estamos hablando? Aunque el IUSI representa una de las fuentes de ingresos más importantes para las municipalidades más grandes del país, equivale al 1.8 % del total de impuestos recaudados a nivel nacional.

Estamos hablando de unos Q2,000 millones en 2025. Frente a una recaudación total cercana a Q118,000 millones, el IUSI es enorme para las municipalidades, pero apenas una gota en el balde para el gobierno central y la recaudación total del país.

Si la intención es privar de fondos a las municipalidades por razones electorales, la iniciativa parece más una jugada política que una reforma seria. Las dejaría debilitadas de cara a las elecciones: despidos, menor mantenimiento, aumento de cobros municipales u otros ajustes. Además, ¿quién garantiza que no vuelvan a subir la tasa? Un artículo en la iniciativa que prohíba aumentos futuros sobre propiedades ya sujetas al 3 por millar podría mitigar parcialmente esa duda.

Una alternativa más ambiciosa sería eliminar completamente el IUSI, no solo reducirlo al 3 por millar, y sustituirlo con una reforma al impuesto de circulación. Se podría aprovechar la oportunidad para reformar ambos impuestos a la vez. El impuesto de circulación dejaría de ser progresivo según el año del modelo —vehículo más nuevo, mayor impuesto— y podría calcularse con base en el peso del vehículo. Esto tendría más sentido económico: los vehículos más pesados generan más desgaste vial y contribuyen más a la congestión. Además, el gobierno central ha hecho un pésimo trabajo con nuestras calzadas y carreteras. Hoy pagamos el impuesto de circulación casi «por gusto», porque muy poco se reinvierte en la infraestructura vial que supuestamente debería financiar.

Eliminar el IUSI, no solo bajarlo, es posible y deseable. Pero siempre hay que explicar qué gasto se recorta, quién asume el costo y cómo —y en qué monto— se compensará la pérdida de ingresos municipales.

Si los diputados sostienen que las municipalidades desperdician una parte importante de sus egresos en gastos superfluos, entonces deberían demostrarlo. La iniciativa tendría que identificar, cuantificar y evidenciar ese gasto innecesario; y, si no existe, explicar cómo se compensará la pérdida de ingresos municipales. Con el sinfín de asesores de que disponen los legisladores, eso es lo mínimo que se les puede exigir.

En medio de la polémica reelección de Walter Mazariegos en la USAC, sería interesante hacer una pregunta relacionada, pero distinta: con la insólita politización de la universidad pública, ¿cuánto le está costando al tributario un estudiante de la USAC?

La mayoría de los ingresos de la USAC proviene de nuestros impuestos, mediante aportes constitucionales y extraordinarios (que, en realidad, se volvieron ordinarios, es decir, parte del aporte anual).

La USAC recibe más de Q3,500 millones en impuestos. Cada guatemalteco adulto, en promedio, aporta más de Q300 al año a la USAC. Si dividimos esos aportes solo entre la población económicamente activa (PEA), cada persona económicamente activa aporta más de Q400 al año.

Pero, ¿cuánto es por estudiante? ¿Cómo compara el costo por estudiante de la USAC con el de una universidad privada?

En una universidad (privada) de bastante renombre, entre inscripción y cuotas mensuales, el costo por estudiante equivale a Q10,600 al año. Claro, en este caso lo paga el propio estudiante, por ser una universidad privada, o sus padres, mientras que la USAC la pagamos todos, mediante impuestos. El costo por estudiante en la USAC es de Q16,205 al año: es 53 % más cara la USAC que una universidad privada equivalente.

Esto revela la ineficiencia del Estado: las universidades privadas pueden atender estudiantes a un menor costo y, además, ofrecer mejores instalaciones que la universidad pública. Aun así, la universidad pública cuesta 53 % más por estudiante que una universidad privada equivalente.

Y eso que una universidad privada difícilmente podría cerrar por meses o años: si lo hiciera, dejaría de percibir ingresos y no podría pagar a sus profesores. En cambio, como la USAC se financia mediante impuestos, cerrar la universidad por meses o años es a costa del contribuyente: el personal y los profesores siguen percibiendo sus ingresos, mientras los estudiantes dejan de recibir educación.

¿La solución? Si se va a subvencionar la educación superior, que se subvencione la demanda y no la oferta; es decir, vales educativos para que los estudiantes puedan usarlos en universidades privadas. Así nos ahorraríamos 53 % en impuestos, o unos Q200 al año por trabajador guatemalteco, y el estudiante ganaría libertad de elección, en lugar de quedar cautivo de una universidad que puede pasar meses o años sin dar clases.

El presidente Arévalo declaró un estado de sitio a nivel nacional por 30 días, del domingo 18 de enero al 16 de febrero de 2026, tras motines en las cárceles y diez ataques simultáneos contra agentes de la PNC en las calles guatemaltecas. El estado de sitio fue ratificado por el Congreso. Posteriormente, se decretaron dos estados de prevención, también a nivel nacional, por un total de 30 días adicionales, hasta el 19 de marzo. Por ahora, persiste un estado de prevención, pero únicamente en seis departamentos.

En otras palabras, llevamos más de 60 días bajo estado de excepción. Un estado de excepción permite al presidente limitar y/o suspender ciertos derechos ciudadanos. El estado de guerra es el más radical, seguido por el estado de sitio —recuerde que «sitio» es un término bélico—.

Todo esto ocurre con El Salvador como telón de fondo, donde se han implementado ciertas políticas de seguridad bajo un régimen de excepción que ya lleva vigente cuatro años. Aunque es controversial, este régimen ha permitido al gobierno reducir la delincuencia a niveles sin precedentes. La tasa de homicidios en El Salvador está por debajo de 1 por cada 100,000 habitantes, unas 20 veces menor que la de Guatemala. Esto ha convertido a El Salvador en un país más seguro que Canadá.

Pero ¿realmente han bajado los homicidios en Guatemala? A pesar del optimismo del gobierno, parece que no. Veamos los datos de dos fuentes distintas para comprobar si coinciden: los de la Policía Nacional Civil —PNC— y los del INACIF —necropsias—.

Aunque es cierto que en los primeros días tras el estado de sitio los homicidios bajaron, el repunte no tardó en llegar. La semana más reciente, con 66 homicidios según la PNC, nos colocaría en una tasa superior a 19 homicidios por cada 100,000 habitantes, es decir, 10 % más que en 2025, de por sí un año repleto de violencia en las calles.

Seguiremos siendo unas 20 veces más inseguros que El Salvador, como sugieren los homicidios, pese al estado de sitio. Un estado de excepción, si no viene acompañado de políticas de seguridad efectivas, no resuelve nada por sí solo.

Cuando observamos la gráfica que compara el desempeño bursátil de China y Estados Unidos desde 2015, lo primero que salta a la vista es la divergencia brutal entre ambos mercados. El MSCI China prácticamente no se ha movido en diez años, atrapado en una meseta interminable. El S&P 500 y el Nasdaq, en cambio, han escalado a niveles difíciles de ignorar. Pero el contraste, lejos de ofrecer respuestas simples, abre preguntas incómodas: ¿refleja Estados Unidos una economía vigorosa y creativa… o un mercado tan exuberante que ya empieza a oler a sobrevaloración? ¿Y el estancamiento chino es señal de debilidad estructural… o simplemente una corrección prolongada tras años de expectativas desmedidas?

La realidad es más matizada. Por un lado, el desempeño chino sí muestra problemas profundos: incertidumbre regulatoria, intervencionismo político, un sector inmobiliario implosionado y una evidente pérdida de confianza por parte de inversores globales. Todo eso dificulta que el mercado recupere tracción. Pero tampoco sería serio ignorar que China sigue siendo una potencia manufacturera, con capacidad tecnológica creciente y con empresas que, en condiciones institucionales más predecibles, probablemente valdrían mucho más.

Por el otro lado, el rally estadounidense tiene fundamentos reales —innovación, productividad, liderazgo tecnológico—, pero también señales de agotamiento: múltiplos de valoración tensos, concentración extrema (el famoso “Magnificent Seven”), y un mercado que depende cada vez más de expectativas sobre inteligencia artificial que quizá tardarán años en materializarse plenamente. No es absurdo preguntarse si parte de ese crecimiento responde más a liquidez abundante y narrativas optimistas que a un aterrizaje claro en los estados financieros.

La gráfica, por tanto, no cuenta una historia de buenos y malos, sino de modelos diferentes enfrentando sus propios límites. China muestra lo que pasa cuando el poder político invade el mercado hasta estrangular la confianza. Estados Unidos muestra lo que pasa cuando la innovación desata un boom que, como todo boom, corre el riesgo de inflarse más de la cuenta.

La pregunta final no es si uno está “bien” y el otro “mal”, sino otra más incómoda: ¿estamos viendo la prueba de que la libertad económica sostiene el dinamismo… o el preludio de una corrección dolorosa en un mercado que ha corrido demasiado rápido? La respuesta, por ahora, sigue abierta.