Olav DirkmaatOlav Dirkmaat / 29 de mayo del 2026

Uno de los peores impuestos: las multas

Un tema fascinante: las multas. Odiadas por los ciudadanos; amadas por los gobernantes. Algunos países del mundo están plagados de multas. En Países Bajos, las multas son la fuente más importante de financiamiento del Organismo Judicial. Se presupuestan como ingresos ordinarios, se usan para pagar cuentas y se depende de ellas. El resultado nefasto es una sed insaciable por imponer más y más multas, cada vez en mayor número y por montos más altos.

La situación es tan nefasta que es común que en diciembre se disparen las multas, no porque el ciudadano sea especialmente «desobediente» en Navidad, sino porque el gobierno trata de llegar a su meta de «recaudación».

La idea básica de una multa —un mecanismo de disuasión— implica que el mejor escenario posible sería no cobrar ni una sola multa. Al fin y al cabo, significa que la disuasión fue eficaz. Este ideal contrasta fuertemente con la realidad: los gobiernos, o sus dependencias, suelen ver las multas como una especie de golpe de suerte. Cobrarán multa sí o sí; la pregunta es a quién. Como decía el jefe de la policía secreta de Joseph Stalin: «Señálenme al hombre y le encontraré el crimen». Pues, algo así.

Por esa razón, en Irlanda, como excepción a la regla, las multas sólo podían ser impuestas por el Organismo Judicial, que no se financia con ellas, y jamás por el gobierno. Así se buscaba evitar el abuso gubernamental de este mecanismo.

Muchos guatemaltecos, particularmente legisladores, no tienen ni idea. Cualquier iniciativa la quieren financiar mediante multas, obviando los incentivos perversos que eso implica: multar más equivale a recaudar más. La Ley de Competencia, aprobada el año pasado, pretende financiar al Organismo Judicial mediante multas. Y ahora, con la iniciativa 6593, Ley integral contra el lavado de dinero, pretenden financiar al supervisor —la Intendencia de Verificación Especial (IVE)— también con multas, creando un claro conflicto de interés.

No obstante, las municipalidades tampoco han escapado a la tentación de las multas. Algunas «munis» recurren a ellas con más frecuencia que otras, convirtiéndolas en una especie de «impuesto ilegal».

A pesar de estos problemas, no estamos ni cerca de las situaciones vistas en otros países, y ojalá lo mantengamos así. Las multas, en manos de burócratas, constituyen una amenaza peligrosa para la población.

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AVISO IMPORTANTE: El análisis contenido en este artículo es obra exclusiva de su autor. Las aseveraciones realizadas no son necesariamente compartidas ni son la postura oficial de la UFM.

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Olav Dirkmaat

Director de UFM Reform Watch y del Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas (CADEP). Profesor de Economía en la UFM. CIO de Hedgehog Capital. Doctor en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid.