¿Por qué la baja calificación crediticia de Guatemala es algo serio?

Hace unas semanas los guatemaltecos nos enteramos de una noticia desalentadora en el ámbito económico: que la calificadora Standard & Poor’s (S&P) redujo la calificación de riesgo de BB a BB- para Guatemala, producto de la inestabilidad política y debilidad institucional que el país atraviesa.

Ahora, ¿qué significa que la calificación de Guatemala haya bajado y por qué es un tema tan serio? Para responder esa pregunta debemos repasar ciertos conceptos básicos.

Los países, empresas y personas cuentan con ingresos comunes (impuestos, ventas y salarios) para cubrir sus necesidades. Cuando los ingresos no son suficientes deben recurrir a financiar el déficit que sus ingresos no les permiten pagar. Es por eso que tienen la necesidad de suscribir préstamos. En el caso de los países, lo más común es la emisión de bonos gubernamentales para cubrir los déficits presupuestarios, los cuales son un activo clásico en los portafolios de inversión. Los inversionistas, para decidir qué bonos gubernamentales quiere tener en su cartera, necesitan conocer la calidad de los bonos y la capacidad/voluntad de los países de honrar sus compromisos crediticios y por esto surgen las calificadoras crediticias. Así es como las calificadoras cumplen una función importante en los mercados de capitales, facilitando el acceso a la información de la calidad de los instrumentos financieros para permitir el buen funcionamiento de los mercados.

Para dejarlo de forma más clara, es similar a la calificación que los bancos dan a los clientes según su capacidad y voluntad de pago, así como su historial crediticio. Es una forma fácil de homogeneizar las medidas de riesgo en inversiones, y aunque cada agencia tiene su propia metodología para calcular y medir la calidad crediticia, lo común (como en el caso de S&P) es que se manejen en letras, en un rango entre AAA y D, siendo la primera la mejor calidad posible y la última la peor.

¿Por qué S&P redujo la calificación de Guatemala?

S&P explicó que la razón por la cual redujo la calificación de riesgo para Guatemala, de BB a BB-, fue por la inestabilidad política y debilidad institucional, así como la perspectiva de un débil crecimiento económico. La calificación BB, para S&P significa que “enfrenta constante incertidumbre y exposición ante situaciones económicas adversas, lo que puede llevar a que tenga una capacidad inadecuada para cumplir con sus compromisos financieros”.

Para los expertos de S&P resulta preocupante la inestabilidad política que desató la decisión del presidente Morales de declarar non-grato al comisionado de la CICIG Iván Velásquez, a pesar de que la decisión fue revertida por la Corte de Constitucionalidad. Aunque esa inestabilidad política viene desde que inició la persecución penal contra los gobernantes sindicados de corrupción, no se había agravado hasta que sucedió el incidente de Morales y el denominado “Pacto de corruptos” donde el Congreso aprobó reformas al código penal que beneficiaban a los sindicados de corrupción. Para S&P es especialmente preocupante que los casos de corrupción alcancen tanto al Ejecutivo como al Legislativo. Y aunque no lo mencionen directamente, no se puede ignorar el impacto que las decisiones de los altos tribunales de justicia del país han tenido en el desempeño económico, pues tras decisiones como suspender operaciones de la Minera San Rafael sin un fuerte sustento legal se envían señales equívocas a inversores extranjeros.

Tras esta reducción, S&P dio al país 2 años para que se tomen las medidas necesarias para mejorar la evaluación crediticia, en caso contrario existiría la posibilidad de otra reducción en la calificación, lo cual complica la capacidad de invertir y desaceleraría el crecimiento económico. Según los expertos de S&P, se puede elevar la nota si se implementa una agenda que fortalezca la institucionalidad, y permita un aumento de ingresos y crecimiento del PIB. Y lo único que ha prevenido que la calificación no caiga más es que Guatemala en la historia reciente ha tenido déficits fiscales y externos modestos, una política monetaria estable por parte del Banguat y un bajo nivel de deuda, lo que ayuda a compensar la gran debilidad institucional, política y económica.

Un problema de nunca acabar

Guatemala es un país que puntea bajo en gran cantidad de índices que evalúan el desempeño económico y social de país, junto con el resto de países centroamericanos. En base a ello, S&P publicó a mediados del 2016 un informe en el que explica por qué los países centroamericanos tienen calificaciones bajas, señalando como factores principales que los países de Centroamérica no han logrado construir economías modernas y basadas en pilares políticos, sociales e institucionales sólidos. Esto se debe a marcos institucionales débiles, corrupción generalizada, inadecuados servicios públicos, poca coordinación de sector público y privado y falta de proyectos a largo plazo, producto de la poca capacidad del sector público de formular políticas a largo plazo. Es algo de lo que se ha habado por décadas en el país, y se sabe que es un problema, pero no parece existir voluntad de nadie por resolverlo. Y es por esa falta de acción que las condiciones se agravan cada vez más, resultando en problemas que se vuelven cada vez más evidentes como una desaceleración económica

¿Cuáles son las consecuencias de esa reducción?

Cuando un país es un buen deudor no hay mayor riesgo de impago de sus deudas y por ello adquiere una buena calificación crediticia. Por el contrario, los países cuyas finanzas no son bien manejadas o que sus economías sufren de efectos externos o internos ajenos a su capacidad de reacción, tienen calificaciones crediticias más bajas que puede llegar a un nivel donde no se considera de grado de inversión. Entre más baja sea la calificación del país, más alta la tasa de interés que el prestamista solicita por el mayor riesgo de impago asociado al préstamo.

Es por eso que una mala calificación afecta en general a toda la población de un país. El efecto más directo se ve en el aumento de tasas de interés de préstamos desde el extranjero, ya sea a gobierno, empresas, bancos o personas. Dado que existe mayor riesgo, toda institución que preste dinero solicitará mayores tasas de interés, lo que aumenta los costos de financiamiento y encarece la ejecución de proyectos públicos y privados. Es importante recordar que la calificación que recibe el país pone el techo de la calificación que pueden recibir las empresas nacionales.

Los bancos son de los primeros afectados, pues a finales de año renegocian sus condiciones de deuda con banca multilateral y privada del extranjero, por lo que verán aumentos de tasas en préstamos de moneda extranjera en sus fuentes de fondeo. Como los bancos sobreviven en base a un spread entre tasas pasivas y activas (lo que cobran vs. lo que pagan), paulatinamente tendrán que ajustar las tasas de sus clientes, por lo que el siguiente año deberían verse aumentos en tasas de préstamos en moneda extranjera tanto para empresa privada como para personas individuales.

Al gobierno también le afecta, pues el mayor costo de la deuda se traduce en menor inversión pública al destinarse más fondos al servicio de la deuda, o también puede repercutir en aumentos de la deuda pública porque el gobierno necesitaría más fondos. Los ingresos fiscales también se verían afectados porque el aumento de pago de intereses serviría de escudo fiscal para las empresas.

Pero hay otro problema que subyace a la reducción en la calificación, el aumento cuantitativo de la tasa de riesgo país. En los modelos financieros tradicionalmente se usa un modelo conocido como CAPM para calcular la tasa de retorno esperada por los accionistas, pero en Guatemala, con la escasa información financiera que existe, no se pueden calcular algunos datos, por lo que se precisa de otras fórmulas para estimar el costo de capital de accionistas. Dentro de estas fórmulas se incluye una prima de riesgo país y, de verse un aumento en ésta se traduciría en un aumento en el costo de capital de las empresas. En palabras más simples, los inversionistas requerirían un mayor rendimiento para animarse a desarrollar proyectos o montar empresas en Guatemala, suponiendo que los flujos de efectivo se mantengan iguales. Pero esta última suposición también es un problema, porque la desaceleración que puede sufrir la economía guatemalteca presionaría a la baja tales flujos, lo que complicaría aún más el panorama de inversión. A eso hay que agregar los problemas en el cálculo de la tasa de inflación, como hemos hablado en UFM Market Trends, lo cual afecta directamente la tasa libre de riesgo y aumenta innecesariamente el costo del capital.

Ahora tocaría esperar las opiniones de las demás calificadoras, porque las calificadoras normalmente no actúan de forma aislada, sino que las calificaciones tienden a moverse en la misma dirección. Aunque Moody’s y Fitch tienen en perspectivas estables la calificación dada al país, no sería una sorpresa que en los próximos meses decidan poner en perspectiva negativa la calificación, pues en sus últimos informes han dado indicios de preocupación por el desempeño económico y ambas calificadoras dieron sus perspectivas antes de que la crisis política se desarrollara.

Conclusión

Es por esto que la reducción en la calificación es tan seria, porque repercute indirectamente en los habitantes de un país. Ya sea con créditos más costosos, menores oportunidades de negocios y menor empleo formal, todos salimos perdiendo. Esa es la factura que la lucha contra la corrupción y la inestabilidad política nos ha pasado, y es un costo bastante alto. Recuperar la calificación perdida requiere trabajo para encaminar reformas estructurales en áreas como seguridad, justicia, transparencia, sistema electoral y finanzas públicas. Para eso se necesita de consenso, algo que históricamente ha sido difícil de conseguir en Guatemala donde no ha habido una política económica clara a desarrollar por parte de la clase política y cada quien vela sólo por sus propios intereses. Y aún con las reformas, es un proceso que necesita varios años para poder enviar al extranjero la imagen de estabilidad política y crecimiento económico que necesitamos proyectar para atraer inversiones.