Se aprueba en el Congreso las medidas que van a destrozar la economía guatemalteca

El Congreso de Guatemala ha sido bombardeado en las últimas dos semanas con múltiples propuestas de reforma económica, entre ellas la nuestra, para atender la potencial crisis sanitaria del virus, la crisis económica que vive el mundo, y la segura recesión a la que nos vamos a enfrentar.

A continuación vamos a enumerar y criticar las principales medidas que se acaban de proponer

Control de precios canasta básica y alimentos

Los economistas tenemos muchos debates sobre diferentes aspectos de política y teoría económica. El control de precios no es uno de ellos. De cada 100 economistas serios, 50 le dirán rotundamente que los controles de precios no funcionan, los otros 50 le dirán lo mismo, pero con una terminología diseñada para que usted no lo entienda.

Sabemos que los precios máximos y los controles de acaparamiento no funcionan. Los precios son un mecanismo de información, ni más ni menos. Cuando los precios suben, indican escasez. La mejor manera de remediar esa escasez es dando un incentivo a los productores para que redoblen sus esfuerzos productivos.

Si los precios suben porque hay escasez e intentamos evitar por ley que los precios suban, despojamos el incentivo a producir y la escasez se acentúa. Hay múltiples episodios históricos que atestiguan este problema. Controlar precios lleva indefectiblemente al desabastecimiento. Lo único que van a conseguir los políticos guatemaltecos es que se multiplique el hambre en el país.

Además, los controles de precios provocan la aparición de mercados negros. Si hay desabastecimiento y en los lugares habituales no se puede encontrar la mercancía, otros intermediarios con menos apego a la ley empiezan a ofrecer la mercancía. Hay que hacer énfasis en que los mercados negros suelen muchas veces mostrar una calidad ínfima en los productos y, además, sus operadores están al margen de la Ley, por lo que cualquier reclamación se torna imposible. Los mercados negros son especialmente peligrosos en alimentos y medicinas por las intoxicaciones que pueden aparecer por consumir productos adulterados o de muy mala calidad.

Ampliación de presupuesto

Quizá este punto es todavía más sangrante que el anterior. Podría entenderse que se haga una ampliación de presupuesto para dotar de material sanitario los hospitales y centros de salud ante la amenaza sanitaria que podría ocurrir por la emergencia del virus (cosa que se ha hecho). Lo que no puede entenderse, como van a ver a continuación, es la asignación presupuestaria al ministerio de educación para subir el sueldo a unos maestros que no están acudiendo a dar sus clases. Aquí es donde se ve la falta de escrúpulos de la clase política guatemalteca y como los compromisos adquiridos por los diputados ante ciertos grupos de presión dominan la asignación de presupuesto.

Veamos punto por punto en que se van a gastar lo 3667.5 millones de quetzales que se aprobaron ayer en el Congreso. De mayor a menor asignación quedan así:

     1. Q 1,200 millones Ministerio de Salud Pública

Q800 millones irán a equipamiento contra el virus y una tercera parte a sueldos y salarios. No tengo información ni capacidad para saber si es suficiente o estará bien presupuestado. Por lo tanto, no puedo ni alabar ni criticar este monto.

Q400 millones irán a cumplir pactos colectivos derivados de años anteriores. No parece que este sea el momento de hacer ampliaciones presupuestarias que poco tienen que ver con la epidemia.

     2. Q 567.5 millones. Ministerio de Educación

El monto irá destinado al pago de salarios. En concreto para el pacto colectivo de los maestros.

No hay justificación posible para este atropello. Este es un decreto que se aprueba con el fin de ayudar a la población por la emergencia sanitaria. No tiene sentido que el Ministerio de Educación reciba ni un solo céntimo de esta ampliación presupuestaria. No contentos con ello, recibe la mayor aportación después del Ministerio de Salud Pública.

     3. Q450 millones. Ministerio de Gobernación

El monto irá destinado, de nuevo, al pago de salarios. Concretamente el Congreso se refiere a los compromisos adquiridos en años anteriores para sueldos.

Atropello doble. Los políticos guatemaltecos han visto una crisis y la han aprovechado para recetarse a sí mismos una jugosa subida de salarios. Una vez más, no tiene sentido que el Ministerio de Gobernación reciba nada de este decreto emitido por la emergencia.

     4. Q 400 millones. Ministerio de Economía

Este monto irá a créditos blandos para empresas pequeñas y medianas. Aquí es donde entran los lobistas del sector privado. Los créditos blandos son un mecanismo que rara vez llegan a aquellos que más los necesitan. Lo normal es que acaben engordando las cuentas de las empresas mejor conectadas políticamente.

     5. Q 400 millones. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

La mayor parte de estos fondos irán destinados a comprar alimentos. No tengo información ni capacidad para saber si es suficiente o estará bien presupuestado. Por lo tanto, no puedo ni alabar ni criticar este punto.

     6. Q 350 millones. Ministerio de Desarrollo Social

La mayor parte de estos fondos irán destinados a comprar alimentos.

Mi sugerencia en este punto, sería trasladar el dinero otorgado para comprar alimentos desde este ministerio hacia otro ministerio más capacitado técnicamente como el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

     7. Q 250 millones. Ministerio Finanzas

Este monto irá destinado también a créditos blandos para empresas bien conectadas políticamente. Mientras, el resto de empresas, tienen que seguir pagando impuestos de unos ingresos que no tienen. En otras palabras, le estamos cobrando impuestos a empresas que no pueden generar ingresos y que no tienen capacidad de captar poder político, para dárselo a otras empresas bien conectadas políticamente.

¿No sería mucho mejor simplemente bajar los impuestos a todas las empresas para aligerar su carga? Los políticos guatemaltecos están eligiendo qué empresas se salvan de la crisis y que empresas tendrán que cerrar. Corporativismo en estado puro.

Entonces, ¿cómo se distribuye la ampliación presupuestaria?

Recordemos, el propósito de esta Ley se supone que es atender la emergencia del coronavirus y sus efectos económicos.

Vamos a establecer tres puntos a los que irán destinados los fondos:

1. Necesidades sanitarias y alimenticias. Vamos a hacer el más que generoso esfuerzo de considerar que efectivamente la ayuda llega realmente a los necesitados (y a obviar el coste burocrático y la corrupción).
2. Incremento de salarios a empleados públicos que poco o nada tienen que ver con la emergencia. Esto es lo que podemos llamar corrupción política.
3. Préstamos blandos para empresas bien conectadas políticamente. Esto es lo que podemos llamar corrupción corporativista.

 

 

Por tanto, podemos establecer que la ley que pretende proteger a la población de la emergencia del coronavirus dedica el 56,4% de sus gastos a cubrir favores políticos en el sector público y en el sector privado corporativista.

El desastre no acaba aquí. Los bancos van a sufrir la orgía legislativa del Congreso

Es difícil encontrar tantas barbaridades económicas en tan poco espacio, pero redactando esta Ley los diputados han superado cotas inimaginables.

En esta Ley se establece que los bancos deben diferir pagos de créditos, sin mora, con la simple solicitud de los deudores. Esto aplica en diferentes tramos:

1. Dos meses de cuotas en tarjetas de crédito, hipotecas y créditos con garantía.
2. Tres meses de cuotas para créditos a pequeñas y medianas empresas

Los pagos de estas cuotas aplazadas se reanudan 6 meses después de que finalice el estado de calamidad.

El problema de esta propuesta es que no tiene en cuenta que los bancos son también empresas mercantiles que reciben ingresos y tienen que hacer pagos. La particularidad de los bancos es que la mayor parte de pagos que tienen que hacer son los referentes a nuestras cuentas monetarias y de ahorro. Si impedimos que otros paguen a los bancos, los bancos van a tener problemas para pagarnos a nosotros. Esta disposición sólo va a generar graves problemas financieros en el país.

Los bancos no son inmobiliarias, no quieren quedarse con las casas y apartamentos que respaldan las hipotecas. Los bancos tampoco son emprendedores, no quieren quedarse con las empresas a las que han prestado dinero. Esa opción, es, casi siempre, la última para los bancos. Sería mucho mejor que los bancos se adapten a las necesidades de cada cliente y hubiera una negociación caso a caso. Los políticos quieren imponer una solución centralizada para solucionar problemas individuales.

Subsidio extra a la tarifa eléctrica

La ley también establece un subsidio extra, además del que ya existe, a la energía eléctrica y carga con el coste al Instituto Nacional de Electrificación (INDE).

El problema es que el INDE ya pierde una cantidad enorme de dinero por la tarifa eléctrica. El INDE pierde tanto dinero que es posible que ya esté cerca de la quiebra. Cargar con más obligaciones al INDE es irresponsable en estos momentos. La única manera de que esto funcionara es si parte de los jugosos incrementos de salarios fueran destinados al INDE.

Además, probablemente es el peor momento para hacer estos cambios. El precio de la energía eléctrica en el mercado mayorista ha caído más de un 50% en menos de un mes. Los precios de la energía, que ya son bastante baratos en Guatemala comparados con la región, van a caer todavía más. En otras palabras, el Congreso de Guatemala está arreglando un problema inexistente.

Conclusión

Esta Ley no sólo es una barbaridad económica, sino que, además se permite el lujo de darse aires de dignidad. Los políticos guatemaltecos, después de recetarse a sí mismos un incremento de salarios de más de Q1400 millones en la peor crisis sanitaria del último siglo, se permiten el lujo de escribir este artículo:

“El Organismo Ejecutivo… durante la vigencia del Estado de Calamidad… no atenderá peticiones de incrementos salariales… toda vez que las disponibilidades y ahorros en la ejecución de gastos deberá destinarse a atender y combatir los efectos del COVID-19”

¿Es esto un ejercicio de hipocresía consciente o simplemente algún diputado tuvo un ataque de dignidad y pidió introducir esto para evitar más comportamientos oportunistas de grupo de presión?

En definitiva, esta Ley, si es aplicada en su totalidad, será el epitafio que figurará en la lápida de los restos de la ya enferma economía guatemalteca.

Aviso legal: el análisis contenido en este artículo es obra exclusiva de su autor, las aseveraciones realizadas no son necesariamente compartidas ni son la postura oficial de la Universidad Francisco Marroquín.

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