El costo de la formalidad: un análisis del IGSS y el salario mínimo

En marzo de 1945, tras la caída de la dictadura de Jorge Ubico, Guatemala estrenó una nueva constitución que traía una promesa ambiciosa. Su artículo 63 establecía el seguro social obligatorio. Ese seguro debía proteger a los guatemaltecos contra la invalidez, la vejez, la muerte, la enfermedad y los accidentes de trabajo.

Año y medio después, el 30 de octubre de 1946, el Congreso emitió el Decreto 295, Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). El presidente Juan José Arévalo lo firmó y, a inicios de 1948, inauguró oficialmente la institución en un edificio de la zona 1. Se presentó como uno de los grandes logros de la Revolución de Octubre: por primera vez, el país intentaría cuidar a sus trabajadores de forma colectiva.

La ley establecía que lo pagarían entre tres: patronos, trabajadores y el Estado. En la práctica, como veremos, casi todo lo termina pagando uno solo: el trabajador.

¿Cumplió el IGSS su promesa?

Este año, la ley que creó el IGSS cumple ochenta años. Vale la pena preguntarse si cumplió lo prometido.

Los números dicen que no. Según el cálculo utilizado en este artículo, elaborado a partir de las encuestas de empleo e ingresos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de los datos publicados por el IGSS, casi ocho de cada diez guatemaltecos que trabajan o buscan trabajo no cotizan al IGSS. Quedar fuera del empleo formal también puede significar no recibir prestaciones como el aguinaldo y el bono 14 ni contar con los beneficios asociados a las aportaciones patronales al IRTRA y al INTECAP. Esa cifra no es de un mal año: desde el 2002, cuando empiezan los datos disponibles para este análisis, se ha mantenido entre 77 % y 82 %. Ochenta años después de nacer para cubrir a todos, apenas dos de cada diez guatemaltecos que trabajan o buscan trabajo cotizan al Seguro Social.

¿Y esa minoría que sí cotiza? Tampoco sale bien librada. Cada mes, por un trabajador que gana el salario mínimo no agrícola en la capital, se van Q620 al IGSS: Q193 que se le descuentan de su sueldo y Q427 que la ley llama «cuota patronal», pero que también salen del presupuesto de su plaza. Es el 15.5 % de su salario, todos los meses, toda su vida laboral. A cambio, recibe citas que se programan con meses o años de espera, colas desde la madrugada y farmacias sin medicina. No es casualidad que en redes sociales el IGSS sea tema de burla y no de orgullo, ni que sea una de las instituciones que los diputados citan una y otra vez para fiscalizarla¹: los escándalos se repiten, desde contratos anómalos hasta el caso IGSS-Pisa, en el que pacientes renales murieron tras la contratación de una empresa sin capacidad para atenderlos².

Por eso, quien puede, hace algo que dice mucho: paga dos veces. Paga el IGSS, porque la ley no le deja otra opción, y además paga un seguro médico privado, porque es el que de verdad lo atiende cuando se enferma.

En este artículo se trata esa contradicción: a quién deja fuera el IGSS, quién lo paga de verdad, qué recibe a cambio quien sí paga y por qué termina empujando a la gente a la informalidad. Lo triste no es que no tengamos seguro social. Lo triste es que el Seguro Social no sirve y que, a pesar de que no sirve, lo tenemos que pagar.

Más de 16 millones de guatemaltecos que no cotizan al IGSS

En el 2025, Guatemala tenía alrededor de 18.1 millones de habitantes. De ellos, solo 1.7 millones cotizaban al IGSS. Los otros 16.3 millones, más de nueve de cada diez guatemaltecos, no cotizaban.

Algunos de ellos pueden acceder al IGSS por vínculo familiar con un afiliado, aunque en condiciones muy restrictivas: los hijos están cubiertos únicamente mientras son menores de siete años y las esposas o compañeras, durante el embarazo, el parto y el periodo posparto. Esta cobertura familiar no equivale a la protección integral de un afiliado³.

Ocho de cada diez personas económicamente activas, sin cotizar al IGSS

Alguien podría decir que no es justo comparar a los cotizantes del IGSS con toda la población, porque esta incluye a niños, ancianos y personas que no trabajan. Tiene razón. Así que hagamos la cuenta solo con quienes participan en la economía: la población económicamente activa (PEA), que mide el INE⁴. Son las personas de quince años o más que trabajan o están disponibles para trabajar y buscan trabajo activamente (aquellas personas que tienen esta edad o más, pero no están activas económicamente, se excluyen del indicador). Es decir, este indicador permite comparar la cantidad de cotizantes al Seguro Social con la de personas que trabajan o buscan trabajo.

En el 2025, la PEA era de unos 8.2 millones de personas. Solo 1.7 millones cotizaban al IGSS: apenas dos de cada diez guatemaltecos que trabajan o buscan trabajo. Los otros 6.4 millones no cotizaban al IGSS.

La gráfica pone las tres cifras juntas: la población nacional, la PEA y los cotizantes del IGSS durante los últimos diez años. Las dos primeras crecen; la línea del IGSS casi no se mueve.

Y la brecha no se está cerrando: se está abriendo. Entre el 2015 y el 2025, el IGSS sumó unos 475 000 cotizantes. En el mismo periodo, la cantidad de guatemaltecos que no cotizaban al IGSS creció en más de 2 millones. En otras palabras, la población creció en unos 2.5 millones de personas, y el aumento de cotizantes equivalió a menos de una quinta parte de ese crecimiento.

Entre quienes trabajan o buscan trabajo pasa lo mismo. Del 2015 al 2025, la PEA creció en unos 1.75 millones de personas, pero el número de cotizantes al IGSS aumentó en apenas 475 000: poco más de una cuarta parte de ese crecimiento. Las personas económicamente activas que no cotizaban al IGSS pasaron de 5.1 a 6.4 millones.

Y la proporción casi no se mueve. En los años con datos disponibles han pasado gobiernos, crisis, una pandemia, aumentos del salario mínimo casi cada año y cuotas millonarias que el IGSS recibe sin falta. La informalidad, según el criterio utilizado en este artículo, sigue rondando el 80 %.

Criterios de mi cálculo de informalidad

Algunas personas podrían alegar que la informalidad, como la presentamos aquí, no coincide con la tasa de informalidad del INE. Por eso conviene aclarar el cálculo. En este artículo medimos la informalidad con el siguiente criterio: quien trabaja o busca trabajo y no cotiza al IGSS se considera, para efectos de este cálculo, fuera de la formalidad.

Informalidad = 1 − (afiliados cotizantes al IGSS ÷ población económicamente activa)

El criterio toma como referencia la obligación de los patronos de inscribir a sus trabajadores en el IGSS, sin perjuicio de las excepciones reglamentarias. El INE publica una cifra más baja, de alrededor del 65 % en el 2025, porque usa otra definición, basada en características como el tamaño de la empresa y el tipo de trabajo, y calcula la tasa sobre la población ocupada.

Con ese criterio, por ejemplo, un negocio de cinco empleados que paga el IGSS de todos cuenta como informal. Para analizar el Seguro Social, lo que importa es si la persona cotiza a él. La gráfica muestra las dos tasas: la que publica el INE y la que calculamos con datos del INE y del IGSS. Aun con la cifra del INE, la conclusión sería la misma: con esa tasa, apenas un poco más de tres de cada diez guatemaltecos que trabajan estarían en la formalidad. La mayoría de quienes trabajan o buscan trabajo no cotiza al IGSS, y mucho menos la mayoría de la población.

Ochenta años de fracaso

El IGSS nació con un mandato claro: proteger a los trabajadores guatemaltecos contra la enfermedad, los accidentes, la invalidez y la vejez. Ochenta años después, la gran mayoría de quienes trabajan sigue fuera de esa protección.

Si se tratara de cualquier otro proyecto, no habría discusión. Una empresa que en ochenta años no logró cumplir su objetivo principal, con un presupuesto millonario, se consideraría un fracaso, y nadie defendería seguir financiándola. Con el IGSS no se aplica la misma vara.

Y aquí está la pregunta incómoda: si el seguro social es un derecho y un beneficio, ¿por qué hay tantos que no lo tienen? Nadie se esconde de un beneficio. La respuesta tiene que ver con cuánto cuesta contratar a alguien de manera formal en Guatemala, y en ese costo el IGSS es el que más peso tiene.

Lo que de verdad paga el trabajador

Cuando el Gobierno anuncia el salario mínimo, anuncia cuál va a ser la base, pero no anuncia todo el costo laboral que la acompaña, que es significativo: según el sector, entre 44 % y 47 % por encima de la base anunciada. Para el 2026, en la capital y para trabajos no agrícolas, esa base es Q4002.28 al mes. Es fácil pensar que eso es lo que le cuesta a una empresa tener a alguien trabajando. No lo es.

Por cada plaza formal, la empresa no maneja un salario: maneja un presupuesto completo. El salario es solo la parte más visible. Encima de él, la ley obliga a pagar varias cosas más:

• IGSS: 15.5 % del sueldo. La ley lo divide en una «cuota patronal» (10.67 %) y una «cuota laboral» (4.83 %), pero la empresa calcula y entrega ambas, aunque solo retiene del sueldo la cuota laboral. Por eso, en este análisis se cuentan como un solo costo de la plaza.
• IRTRA: 1 %.
• INTECAP: 1 %.
• Bonificación incentivo: Q250 fijos al mes.
• Bono 14 y aguinaldo: dos sueldos adicionales cada año. La empresa tiene que ir provisionando ese dinero todos los meses y pagarlos en los plazos que exige la ley.
• Indemnización: un sueldo extra por cada año trabajado. Pero ese sueldo no es solo el salario: la ley manda sumarle la parte proporcional del aguinaldo y del bono 14.

La indemnización se incluye porque también entra en el costo. La ley la exige cuando el despido es injustificado, pero hay empresas que la pagan siempre, aunque el empleado renuncie: es lo que se conoce como indemnización universal. En cualquiera de los dos casos, para la empresa es un pasivo laboral; es decir, un gasto que tarde o temprano le toca y que tiene que ir provisionando cada mes, igual que el aguinaldo y el bono 14. La ley manda calcularla sobre los catorce salarios anuales (es decir, salario base × 14 ÷ 12), así que cada mes la empresa aparta Q389.11 para esta provisión (un poco más que lo provisionado para bono 14 o aguinaldo)⁵.

Sumado todo, el salario mínimo de Q4002.28 se convierte en una plaza que le cuesta a la empresa Q5815.51 al mes. Es decir, por encima del salario, la empresa pone por lo menos Q1813.23 más: un 45 % adicional.

Si lo que el trabajador produce no alcanza para cubrir ese monto, la plaza no se abre. O se abre, pero en la informalidad. Y cuando la plaza sí se abre formalmente, ese costo se refleja en lo que se ofrece: en un salario bruto menor.

Todos esos porcentajes se calculan sobre el salario que fija el acuerdo gubernativo: Q4002.28 al mes en el 2026 para la circunscripción económica del departamento de Guatemala y el sector no agrícola. La bonificación de Q250, el aguinaldo y el bono 14 no forman parte de esa base. Y si el trabajador gana más que el mínimo, la base es su salario real, incluidas horas extra y comisiones.

Así se arma el presupuesto de una plaza de salario mínimo no agrícola en la capital (2026). Primero, los montos que se calculan sobre el salario:

Y así se reparte ese dinero. Al trabajador se le deposita el salario del acuerdo, menos su cuota laboral, más la bonificación incentivo. La empresa retiene la cuota laboral y, junto con la cuota patronal, la entrega al IGSS:

Al final, toda la cuota del IGSS, la laboral y la patronal, la paga el trabajador, incluso cuando la empresa se encarga de entregarla: esos Q620.35 son dinero que se paga por su trabajo, solo que la empresa los entrega al IGSS en lugar de pagárselos a él.

¿A dónde se va cada quetzal?

Tomemos como ejemplo a doña María, que trabaja en la capital y gana el salario mínimo no agrícola: Q4002.28 al mes. Su trabajo le cuesta a la empresa Q5815.51, pero a su cuenta le llegan Q4058.97: su salario, menos los Q193.31 de cuota laboral del IGSS, más la bonificación de Q250. La pieza más pesada de lo que no le llega es el IGSS:

• IGSS: Q620.35 al mes (Q193.31 se le descuentan a ella y Q427.04 los entrega la empresa).
• IRTRA: Q40.02 e INTECAP: Q40.02, costos bastante bajos al lado del IGSS.

Si doña María pudiera optar por que ese dinero, el del Seguro Social y también el de las otras dos instituciones, se le pagara a ella, tendría en su bolsillo Q4759.36 al mes. A eso se suman el aguinaldo y el bono 14, para los que la empresa aparta Q333.52 cada mes para cada una de esas prestaciones, a fin de pagárselas en el mes que corresponde, y la indemnización que se va provisionando.

En un año, solo al IGSS se van Q7444.20: casi dos meses de su salario, todos los años, toda su vida laboral. Y si algún día llega a ganar más, estos números suben en proporción al aumento.

Y de lo que sí le llega todavía hay que descontar. Si gana el salario mínimo, no paga el impuesto sobre la renta (ISR), pero si compra en el sector formal, con factura, por cada 112 quetzales que gasta, 12 son del impuesto al valor agregado (IVA), otro impuesto. Si todo lo que recibe en el año lo gasta así, son unos Q6100 más.⁶

Sumado, entre el IGSS y el IVA, doña María paga en un año unos Q13 500: más de tres meses de su salario. Quien gana un salario en el sector formal termina pagando una cantidad exagerada de impuestos: le cobran al ganar su sueldo y también al gastarlo.

En todo el país pasa lo mismo

En Guatemala no hay un solo salario mínimo, sino seis. La ley distingue tres tipos de trabajo (agrícola, no agrícola y de maquila y exportación) y dos circunscripciones económicas (el departamento de Guatemala y los demás departamentos). El más alto es el no agrícola del departamento de Guatemala, de Q4002.28; el más bajo, el de maquila y exportación en los demás departamentos, de Q3221.10. Los otros cuatro están entre esos dos. Pero en todos los casos la historia se repite:

Las dos gráficas muestran los extremos. La primera es el salario mínimo más bajo que se puede legalmente pagar en el país, el de los trabajadores de maquila y exportación en los demás departamentos. La segunda, el salario mínimo más alto, el no agrícola de la capital.

Es decir, cualquier trabajador formal que gane el salario mínimo, en el sector o la región que sea, genera cada mes entre Q499.27 y Q620.35 para el IGSS. Y eso es solo en el salario mínimo. Como el IGSS cobra un porcentaje, el 15.5 % del salario, alguien que gana más que el salario mínimo paga mucho más.

¿Y qué recibe a cambio quien sí paga?

Cuando el afiliado se enferma, que lo atiendan es casi como ganarse la lotería. Hay que tener una enfermedad bastante leve para aguantar los meses, o los años, que exige el aparato burocrático del IGSS antes de llegar a una cita de unos minutos. Según un reportaje de Prensa Libre del 27 de diciembre del 2023, en el Hospital de Accidentes del IGSS la espera para una cirugía pasó de ocho a trece meses durante ese año⁷. Hay quienes pasan días enteros en una sede con una condición que amerita tratamiento urgente, para que al final no los atiendan, los atiendan de mala gana o les digan que no hay insumos. Además, hay experiencias bastante lamentables que sufren los afiliados, como recibir el diagnóstico de otra persona o un diagnóstico equivocado de su enfermedad.

Cuando uno está muy enfermo y desesperado, lo último que debería estar haciendo es emprender una batalla en contra del aparato burocrático del IGSS para ver si tal vez consigue que lo atiendan. Si uno está mal de salud, deberían atenderlo sin mayor duda. Pero en el IGSS lo normal es que no lo atiendan a uno.

Y quien termina pagando es siempre el mismo: el trabajador más pobre y más desesperado, que paga dos o tres veces. Primero paga sus cuotas del IGSS. Después, cuando se enferma y necesita que el IGSS le responda, y no le responde, tiene que buscar ayuda en el sector privado, donde hay que pagar de contado: ahí paga la segunda vez. Y hay quienes tienen que pagar una tercera vez: los intereses de las deudas que generaron para tratarse una enfermedad que, en teoría, ya estaba cubierta. Mucha gente no tiene ese dinero de contado ni la costumbre de ahorrar, y acude a un banco a pedir un préstamo con intereses altos o usa la tarjeta de crédito para pagar los exámenes y el tratamiento, y termina con una gran deuda que sigue generando intereses. Primero se paga el IGSS; después, porque el IGSS no responde, se paga al sector privado; y después se pagan los intereses de la deuda que dejó tener que ir de emergencia al sector privado a compensar las incompetencias del sector público.

Muchas veces, además, la enfermedad se complica precisamente por haber esperado tanto a que el IGSS emitiera un diagnóstico. El tiempo que el Seguro Social le hizo perder al trabajador es muchas veces el que después se paga al doble, al triple o incluso con la vida.

¿Qué le importa al IGSS quedar bien con usted?

En el sector privado, si un cliente queda insatisfecho, la consecuencia es que no vuelve y se pierden ingresos. Pero si el IGSS trata mal a alguien, ¿qué le importa? Mientras esa persona tenga un empleo formal, la cuota va a llegar el mes siguiente, y el siguiente, y el siguiente.

Aun así, los políticos y mucha gente defienden el seguro social como un derecho que «dignifica» la salud del trabajador. Cuesta imaginar una descripción más siniestra cuando hay trabajadores que han muerto mientras esperaban atención en el mismo IGSS que, sin falta, les descuenta su cuota obligatoria cada mes⁸. La verdad inconveniente es que el IGSS es una entidad estatal financiada con impuestos. Pese a ello, muchos afiliados buscan atención fuera del sistema cuando pueden.

¿De qué sirve imponer al trabajador una contribución obligatoria bajo la supuesta promesa de garantizarle protección social, si, llegado el momento en que necesita hacer uso de ella, el servicio resulta tan deficiente que para muchos es preferible resignarse a no recibir atención o atenderse en otro lado? Así, lo que la Constitución quiso que fuera un mecanismo de protección al trabajador terminó siendo, para trabajadores y patronos, un impuesto más: obligatorio de pagar y con un beneficio incierto, inaccesible o, en la práctica, inexistente.

¿De verdad es bajo el salario mínimo?

Ante un costo de Q5816 por plaza, para cualquiera es evidente que contratar formalmente sale caro. Y no solo por lo que se paga encima del salario, sino por el salario mismo. Eso nos conduce a una pregunta interesante: ¿cuánto ha subido el salario mínimo frente a lo que ha subido el costo de la vida?

Para medir el costo de la vida, el INE usa el índice de precios al consumidor (IPC), que da seguimiento año con año a los precios de productos y servicios que consume un guatemalteco promedio; es decir, si la leche sube, el IPC sube; si los huevos suben, el IPC sube; si los yates de lujo suben, el IPC no sube, porque está diseñado para medir precios de productos y servicios que un guatemalteco promedio compra.

Según este índice, desde 1995 los precios han subido 419 %. En el mismo período, los salarios mínimos agrícolas y no agrícolas subieron entre 684 % y 760 %, según el sector y la región. Descontando la inflación, y tomando en cuenta que estas son variaciones, el salario mínimo de hoy compra entre 51 % y 66 % más que el de 1995, y eso sin contar las prestaciones que la empresa paga encima. Es decir, el salario mínimo ha mejorado entre 1.4 % y 1.7 % por año por encima de la inflación en los últimos treinta años, según el sector y la región.

Decir que el salario mínimo es alto no es popular, pero hay que decirlo con responsabilidad. Aunque se percibe como poco, ha crecido bastante más rápido que los precios, y cada plaza formal tiene que generar lo suficiente para cubrir no solo ese salario, sino todo el presupuesto que lo acompaña. Cuando lo que produce un trabajador no alcanza para ese monto, la plaza formal sencillamente no se abre.

Y este tema de los salarios mínimos es especialmente relevante cuando estamos hablando de la gran brecha que existe entre los guatemaltecos que tienen seguro social y los que no. Hasta el momento, el Estado ha demostrado su completa incompetencia para incentivar a las personas a que formalicen sus negocios. Ha hecho exactamente lo contrario: ahora es excesivamente caro formalizarse. Y, según el criterio utilizado en este artículo, casi ocho de cada diez guatemaltecos que trabajan o buscan trabajo hoy en día no cotizan al Seguro Social.

Cuando sube el salario, alguien paga la cuenta

Subir el salario mínimo no significa solo que «el trabajador gana más». Como el IGSS, el IRTRA, el INTECAP, el aguinaldo y el bono 14 se calculan sobre el sueldo, todo sube al mismo tiempo. Ante un golpe así, una empresa tiene pocas salidas:

• Subir sus precios. Entonces todo se encarece, incluida la canasta básica que el aumento pretendía hacer más asequible.
• Recortar plazas. Si un negocio planeaba contratar a diez personas, con el nuevo salario quizá solo le alcance para cinco. Son cinco empleos que nunca existirán, y nadie los cuenta.
• No contratar formalmente. La plaza nueva se abre en la informalidad, sin IGSS, sin prestaciones y sin que se garanticen sus derechos laborales.

Los únicos que ganan son quienes conservan su plaza formal, mientras los demás pagan la cuenta. Y de esas tres salidas, la de no contratar formalmente es la más común en Guatemala.

Lo que pasa cuando la ley se aleja de la realidad

Mientras el salario mínimo subía, la informalidad no bajó. La informalidad tiene muchas causas, pero cada aumento al salario mínimo hace más caro contratar formalmente y vuelve cada vez más estrecha la puerta de entrada al empleo formal.

El costo laboral mínimo, en lugar de causar desempleo, empuja a la población al trabajo informal. Y si los políticos fantasiosos de alguna manera lograran que no hubiera informalidad, lo que causarían serían despidos masivos.

Y quedarse en la informalidad también tiene un costo para el trabajador. Puede no haber contrato escrito, pueden incumplirse las prestaciones y puede faltar la fiscalización del Ministerio de Trabajo sobre las condiciones laborales. El trabajador queda expuesto a la buena o mala fe de quien lo contrata. Regular a ocho de cada diez trabajadores que están en la informalidad es prácticamente imposible; ciertamente no sería una tarea realizable para el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

Tampoco ha funcionado la amenaza. No inscribir a un trabajador en el IGSS o no pagarle sus prestaciones ya está prohibido y tiene sanciones: multas, recargos e intereses del IGSS y multas del Ministerio de Trabajo que pueden ir de ocho a dieciocho salarios mínimos⁹. Aun así, es la forma en que trabaja la mayoría del país. Basta pensar en cuántos hogares, incluidos los de quienes legislan, tienen a una trabajadora doméstica sin IGSS ni prestaciones. Las multas no crean empleos formales; solo hacen más caro el que ya existe.

La pregunta responsable no es cómo castigar más la informalidad, sino cómo hacer que formalizarse convenga.

Una vez que sube, ya no baja

En treinta años, el salario mínimo nunca ha bajado. Y legalmente tampoco es fácil. La Constitución ordena fijar el salario mínimo de forma periódica y establece que los derechos de los trabajadores son irrenunciables y solo «susceptibles de ser superados». Con base en ese principio, conocido como progresividad, la Corte de Constitucionalidad ha considerado que el salario mínimo no puede fijarse por debajo de lo ya alcanzado¹⁰. Además, el Código de Trabajo prohíbe pagar por debajo del mínimo y modifica automáticamente cualquier contrato que lo haga¹¹. Aunque la ley lo permitiera, ningún político lo propondría: sería un suicidio político. Cada aumento es una apuesta sin vuelta atrás: si resulta demasiado alto, no se corrige; se queda, y la informalidad absorbe el golpe.

Lo que sí se puede preguntar es otra cosa. Si contratar a alguien formalmente ya cuesta más de Q5800 al mes, y el salario no se puede tocar, ¿cuál es la parte de ese costo que el trabajador paga y que no le sirve?

Un impuesto al trabajo

La respuesta está en la pieza más pesada de la plaza: el IGSS. Por un salario mínimo no agrícola de la capital se van Q620 cada mes. Y como se cobra un porcentaje, la cuenta crece con el sueldo: quien gana Q5000 le paga al IGSS Q775 al mes; quien gana Q10 000, Q1550; quien gana Q20 000, Q3100. Miles de quetzales al año, todos los años, descontados sin falta.

Entonces, sumando todas estas condiciones, una plaza formal de salario mínimo en la capital no cuesta Q4002: cuesta Q5816 al mes. El Gobierno ha fijado el salario mínimo muy por encima de los precios: hoy compra entre 51 % y 66 % más que el de 1995. Además, ocho de cada diez guatemaltecos que trabajan o buscan trabajo siguen sin cotizar al IGSS.

Lo que se creó con la intención de darle al trabajador un marco legal para trabajar con dignidad terminó siendo una de las más grandes barreras que le cierran la puerta a la formalidad. Si la informalidad fuera un porcentaje pequeño de quienes trabajan, quizá no sería un problema tan grave. Pero, según el criterio utilizado aquí, ronda el 80 % de quienes trabajan o buscan trabajo. Y estar en la legalidad no es un lujo: es una condición indispensable para cualquier empresa que quiera crecer y tener contratos amparados por la ley.

Acoplarse a la realidad

Cuando algo no sirve, lo responsable es, primero, aceptarlo y, segundo, por lo menos no volverlo obligatorio. No se trata de cerrar el IGSS, sino de quitar la obligación de pagarlo. Eso aliviaría el costo mínimo de cada plaza y abriría la puerta para que muchos empleos pasen de la informalidad a la formalidad.

Ese dinero el trabajador lo va a pagar siempre. Entonces, en lugar de que la cuota se le pague al Seguro Social, que se le pague directamente al trabajador y que este se encargue de contratar un seguro médico privado, que la mayoría de las veces es muchísimo más barato que el Seguro Social y que además sí atiende cuando uno realmente lo necesita.

Eso es lo que tenemos hoy: un seguro social que, ochenta años después, no le sirve a la mayoría de los guatemaltecos. Y para el trabajador que lo paga cada mes y no recibe atención cuando la necesita, no es un seguro: es un impuesto al trabajo.

Guatemala tiene hoy más de 18 millones de habitantes, y la mayoría ya enfrenta una situación complicada. Ochenta años después, la pregunta ya no es si el IGSS cumplió su promesa. Es cuánto tiempo más vamos a obligar a los guatemaltecos a pagar por ella.