Resumen ejecutivo (TL;DR)

• Cada año, el gobierno de Guatemala incurre en déficits fiscales (es decir, gasta más que sus ingresos); el déficit es lo que se suma a la deuda. El año pasado, en el 2025, el gobierno y el Congreso demostraron una conducta irresponsable al aprobar un presupuesto con un déficit proyectado de 3.2% del PIB. Este nivel de déficit viola incluso el límite máximo establecido en la Unión Europea (que equivale al 3%). Lo que ha impedido este nivel de déficit ha sido la baja ejecución del gasto del gobierno (castigando el gasto de inversión y no el gasto de funcionamiento). De cada Q4 que el gobierno pretende gastar, aproximadamente Q1 se financiaría con deuda. Aun con la baja ejecución presupuestaria, Q1 de cada Q6 que gasta el gobierno se está financiando con deuda. El déficit fiscal actual debe considerarse alto.
• El Ministerio de Finanzas Públicas, desde el 2016, ha subreportado sistemáticamente la deuda pública. Esto aparece como una anomalía frente a los datos del Banco de Guatemala. La diferencia entre la deuda real y la deuda reportada por el MINFIN equivale a casi 5% del PIB, una cifra astronómica.
• La deuda pública equivale a Q20,000 por guatemalteco si incluimos la deuda oculta con el IGSS y el Banguat, y a Q14,000 si solo tomamos la deuda oficial.
• El indicador más convencional, la deuda como porcentaje del PIB (27%), muestra una deuda pública baja. Sin embargo, este indicador es engañoso por los altos niveles de informalidad y evasión tributaria en Guatemala. Como ejemplo, se cita que, aunque la presión tributaria equivale al 12% en Guatemala, en el departamento de Guatemala realmente equivale al 36%, porque la evasión tributaria sigue un patrón geográfico (departamentos con mayor o menor evasión). A diferencia de la deuda/PIB, otro indicador convencional, la deuda como porcentaje de los ingresos del gobierno (218%), muestra una deuda pública media, no baja.
• Existe una deuda oculta con el IGSS y el Banguat que no existe en el caso de países comparables, o si existe (por ejemplo, en la seguridad social salvadoreña), no debe ser excluida tampoco del cálculo de la deuda total del gobierno. En el caso de Guatemala, esta deuda oculta asciende a Q110,000 millones ($14,500 millones de dólares).
• Al incluir las deudas ocultas con el IGSS y el Banguat, los indicadores convencionales se disparan: la relación deuda/PIB sube del 27% al 38% (aunque su principal defecto no se remedia) y la relación deuda/ingresos sube del 218% al 313%. Este último dato colocaría a Guatemala como un país con una alta deuda, a la altura de El Salvador, que está atravesando una crisis fiscal.
• Otro indicador de que la actual deuda pública no es «baja» es el gasto en intereses sobre la deuda ya acumulada. De cada Q100 que el gobierno recauda, Q13 se gastan en intereses sobre la deuda. Este porcentaje (13%) es relativamente alto, aunque ha sido mayor y (todavía) no ha salido de control.
• Uno de los mayores problemas de la actual deuda es el efecto expulsión (crowding-out): actualmente, un tercio de todo el ahorro bancario (depósitos) es absorbido por la deuda pública de Guatemala. Esto reduce la inversión privada y productiva e impone mayores costos a la iniciativa privada y a la población en general.
• La deuda pública es estable y todavía sostenible, pero no es baja, y la creciente imprudencia y los crecientes presupuestos deficitarios son preocupantes de cara al futuro. Para tener una mayor inversión en infraestructura, no hace falta que el gobierno cargue más deuda que los Q20,000 ya existentes sobre los hombros de un guatemalteco promedio, especialmente si el mismo gobierno
  ya se endeudó sin inversión en infraestructura alguna en todos estos años. Una discusión seria sobre las reglas fiscales que puedan impedir el endeudamiento por parte de la clase política es necesaria y está pendiente desde hace mucho tiempo.