IUSI: ¿alivio fiscal o jugada electoral?
El impuesto único sobre inmuebles —IUSI— es un impuesto progresivo de 0.3 % a 0.9 % sobre el valor registrado de un inmueble. La iniciativa 6709 pretende modificarlo de tres formas:
- establecer una sola tasa de 0.3 %;
- cobrarlo únicamente sobre el valor registrado menos la deuda hipotecaria;
- exonerar completamente a los mayores de 60 años.
El IUSI tiene varios problemas de fondo. Primero, implica una forma de doble tributación: uno ya pagó ISR sobre los ingresos con los que compró la propiedad, pero luego debe seguir pagando impuestos sobre lo adquirido. Por eso muchos lo ven como una especie de «alquiler» permanente al Estado, algo indeseable.
Segundo, es arbitrario e injusto. En Guatemala se calcula sobre valores registrados que muchas veces no reflejan el valor real de mercado, lo que distorsiona la carga tributaria y castiga más a las nuevas construcciones. Pero la alternativa de dejar que el gobierno determine «cuánto vale» cada propiedad puede abrir la puerta a abusos todavía mayores.
Tercero, castiga el desarrollo de la tierra: mientras más se construye y mejora un inmueble, más sube la carga fiscal. Además, parte del costo termina trasladándose a viviendas, locales y oficinas. En cambio, un terreno baldío paga poco. Sin embargo, reemplazarlo por un impuesto sobre la tierra, como algunos sugieren, no elimina el problema de arbitrariedad.
Sin embargo, lo que realmente está en juego con esta iniciativa es la pelea por el futuro control de las municipalidades. Las «munis» dependen en buena medida del IUSI, y esa dependencia ha aumentado con el tiempo (con la excepción de San Miguel Petapa). Entonces, el «alivio fiscal» no será a costa del gobierno central ni del Congreso, sino a costa de las municipalidades.
¿De cuánto dinero estamos hablando? Aunque el IUSI representa una de las fuentes de ingresos más importantes para las municipalidades más grandes del país, equivale al 1.8 % del total de impuestos recaudados a nivel nacional.
Estamos hablando de unos Q2,000 millones en 2025. Frente a una recaudación total cercana a Q118,000 millones, el IUSI es enorme para las municipalidades, pero apenas una gota en el balde para el gobierno central y la recaudación total del país.
Si la intención es privar de fondos a las municipalidades por razones electorales, la iniciativa parece más una jugada política que una reforma seria. Las dejaría debilitadas de cara a las elecciones: despidos, menor mantenimiento, aumento de cobros municipales u otros ajustes. Además, ¿quién garantiza que no vuelvan a subir la tasa? Un artículo en la iniciativa que prohíba aumentos futuros sobre propiedades ya sujetas al 3 por millar podría mitigar parcialmente esa duda.
Una alternativa más ambiciosa sería eliminar completamente el IUSI, no solo reducirlo al 3 por millar, y sustituirlo con una reforma al impuesto de circulación. Se podría aprovechar la oportunidad para reformar ambos impuestos a la vez. El impuesto de circulación dejaría de ser progresivo según el año del modelo —vehículo más nuevo, mayor impuesto— y podría calcularse con base en el peso del vehículo. Esto tendría más sentido económico: los vehículos más pesados generan más desgaste vial y contribuyen más a la congestión. Además, el gobierno central ha hecho un pésimo trabajo con nuestras calzadas y carreteras. Hoy pagamos el impuesto de circulación casi «por gusto», porque muy poco se reinvierte en la infraestructura vial que supuestamente debería financiar.
Eliminar el IUSI, no solo bajarlo, es posible y deseable. Pero siempre hay que explicar qué gasto se recorta, quién asume el costo y cómo —y en qué monto— se compensará la pérdida de ingresos municipales.
Si los diputados sostienen que las municipalidades desperdician una parte importante de sus egresos en gastos superfluos, entonces deberían demostrarlo. La iniciativa tendría que identificar, cuantificar y evidenciar ese gasto innecesario; y, si no existe, explicar cómo se compensará la pérdida de ingresos municipales. Con el sinfín de asesores de que disponen los legisladores, eso es lo mínimo que se les puede exigir.
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