¿Cuánto cuesta la USAC?

En medio de la polémica reelección de Walter Mazariegos en la USAC, sería interesante hacer una pregunta relacionada, pero distinta: con la insólita politización de la universidad pública, ¿cuánto le está costando al tributario un estudiante de la USAC?

La mayoría de los ingresos de la USAC proviene de nuestros impuestos, mediante aportes constitucionales y extraordinarios (que, en realidad, se volvieron ordinarios, es decir, parte del aporte anual).

La USAC recibe más de Q3,500 millones en impuestos. Cada guatemalteco adulto, en promedio, aporta más de Q300 al año a la USAC. Si dividimos esos aportes solo entre la población económicamente activa (PEA), cada persona económicamente activa aporta más de Q400 al año.

Pero, ¿cuánto es por estudiante? ¿Cómo compara el costo por estudiante de la USAC con el de una universidad privada?

En una universidad (privada) de bastante renombre, entre inscripción y cuotas mensuales, el costo por estudiante equivale a Q10,600 al año. Claro, en este caso lo paga el propio estudiante, por ser una universidad privada, o sus padres, mientras que la USAC la pagamos todos, mediante impuestos. El costo por estudiante en la USAC es de Q16,205 al año: es 53 % más cara la USAC que una universidad privada equivalente.

Esto revela la ineficiencia del Estado: las universidades privadas pueden atender estudiantes a un menor costo y, además, ofrecer mejores instalaciones que la universidad pública. Aun así, la universidad pública cuesta 53 % más por estudiante que una universidad privada equivalente.

Y eso que una universidad privada difícilmente podría cerrar por meses o años: si lo hiciera, dejaría de percibir ingresos y no podría pagar a sus profesores. En cambio, como la USAC se financia mediante impuestos, cerrar la universidad por meses o años es a costa del contribuyente: el personal y los profesores siguen percibiendo sus ingresos, mientras los estudiantes dejan de recibir educación.

¿La solución? Si se va a subvencionar la educación superior, que se subvencione la demanda y no la oferta; es decir, vales educativos para que los estudiantes puedan usarlos en universidades privadas. Así nos ahorraríamos 53 % en impuestos, o unos Q200 al año por trabajador guatemalteco, y el estudiante ganaría libertad de elección, en lugar de quedar cautivo de una universidad que puede pasar meses o años sin dar clases.