¿Fracasó el estado de sitio?

El presidente Arévalo declaró un estado de sitio a nivel nacional por 30 días, del domingo 18 de enero al 16 de febrero de 2026, tras motines en las cárceles y diez ataques simultáneos contra agentes de la PNC en las calles guatemaltecas. El estado de sitio fue ratificado por el Congreso. Posteriormente, se decretaron dos estados de prevención, también a nivel nacional, por un total de 30 días adicionales, hasta el 19 de marzo. Por ahora, persiste un estado de prevención, pero únicamente en seis departamentos.

En otras palabras, llevamos más de 60 días bajo estado de excepción. Un estado de excepción permite al presidente limitar y/o suspender ciertos derechos ciudadanos. El estado de guerra es el más radical, seguido por el estado de sitio —recuerde que «sitio» es un término bélico—.

Todo esto ocurre con El Salvador como telón de fondo, donde se han implementado ciertas políticas de seguridad bajo un régimen de excepción que ya lleva vigente cuatro años. Aunque es controversial, este régimen ha permitido al gobierno reducir la delincuencia a niveles sin precedentes. La tasa de homicidios en El Salvador está por debajo de 1 por cada 100,000 habitantes, unas 20 veces menor que la de Guatemala. Esto ha convertido a El Salvador en un país más seguro que Canadá.

Pero ¿realmente han bajado los homicidios en Guatemala? A pesar del optimismo del gobierno, parece que no. Veamos los datos de dos fuentes distintas para comprobar si coinciden: los de la Policía Nacional Civil —PNC— y los del INACIF —necropsias—.

Aunque es cierto que en los primeros días tras el estado de sitio los homicidios bajaron, el repunte no tardó en llegar. La semana más reciente, con 66 homicidios según la PNC, nos colocaría en una tasa superior a 19 homicidios por cada 100,000 habitantes, es decir, 10 % más que en 2025, de por sí un año repleto de violencia en las calles.

Seguiremos siendo unas 20 veces más inseguros que El Salvador, como sugieren los homicidios, pese al estado de sitio. Un estado de excepción, si no viene acompañado de políticas de seguridad efectivas, no resuelve nada por sí solo.