Daniel Fernández / 
José Álvarez
/ 5 de abril del 2020
IGSS y pago de salarios, ¿es una propuesta factible?
Durante las últimas semanas el sector privado y formal de la economía de Guatemala es el que más se ha visto afectado por las medidas de emergencia frente a la crisis COVID-19. Ante los severos y abruptos cortes de ingresos que han representado las medidas de restricción económica, muchas empresas se han visto en la necesidad de tomar decisiones difíciles que incluyen suspender empleados; o incluso llegar al punto de tener que despedirlos.
Aunque el Congreso de Guatemala ha tomado inercia y voluntad política para actuar frente a la crisis, sus decisiones en términos económicos han dejado mucho que desear [1]. Los créditos blandos a empresas está siendo la forma en la que la clase política está dando “ayuda” al sector privado formal. El problema con los créditos blandos es el siguiente:
- Es un foco de corrupción: los créditos blandos son créditos con un tipo de interés muy bajo. Casi se puede decir que a las empresas les están regalando el crédito. Entonces, lo más probable es que no todas las empresas puedan acceder a la cantidad de créditos blandos puesta a su disposición. Es por ello que se espera que las empresas que terminen consiguiendo el crédito sean aquellas bien conectadas políticamente, no aquellas empresas que realmente necesiten el crédito.
- No va a reducir el desempleo: si un empresario puede escoger entre el despido (y ahorro en el gasto laboral) o endeudarse, debe ser obvio que la mayoría escoge la primera opción. Los créditos blandos no son una solución real al problema de despedidos en el corto plazo.
Una mejor idea para apoyar al castigado sector formal es ofrecer incentivos para aquellas empresas que puedan demostrar que sostienen una plantilla similar a la situación de pre-crisis.
Aportes al IGSS de los trabajadores y empresarios, ¿es el momento de devolver algo a la sociedad?
Para soportar las draconianas medidas económicas decretadas por el ejecutivo, proponemos hacer copartícipes de la extraordinaria situación a todos los grupos sociales implicados: IGSS, empresas, y empleados.
El IGSS recibe puntualmente las aportaciones de los trabajadores y patronos del sector formal. El Estado es mucho menos puntual en sus aportaciones al IGSS que el sector privado formal. En 2018 el Estado de Guatemala apenas desembolsó un 15% de las aportaciones que debería haber realizado. A día de hoy el Estado adeuda casi Q44,000 millones al IGSS.
Por tanto, si el IGSS recibe las aportaciones del sector privado formal, quizá es momento de que apoye en este momento tan crucial al sector formal del que se alimenta en tiempos normales.
El IGSS tiene un superávit estructural en sus ingresos, es decir, tiene muchos más ingresos que gastos. En otras palabras, todos los años cobra mucho más a los afiliados de lo que “devuelve” en servicios y transferencias. En el gráfico 1 podemos ver que el programa de enfermedad, maternidad, y accidentes (EMA), sólo en el año 2018 tuvo un superávit de Q1,765 millones.
El superávit del IGSS se acumula todos los años y ha formado enormes fondos de inversión. El IGSS cuenta actualmente con más de Q38,300 millones de “ahorros” (ahorros que son de los guatemaltecos). El fondo del programa de enfermedad, maternidad, y accidentes, el candidato ideal para ser utilizado en esta emergencia sanitaria, cuenta con más de Q13,300 millones. En la gráfica 2 podemos ver la forma en la que ha ido creciendo el fondo del EMA a lo largo de los años.
Por tanto, el IGSS tiene un gran superávit todos los años, casi Q1,800 millones sólo en el programa de enfermedad, maternidad, y accidentes. El fondo de inversión de ese mismo programa crece sostenidamente todos los años y cuenta con más de Q13,300 millones en 2019. Por tanto, fondos para ayudar a evitar la quiebra del sector formal del que se alimenta de fondos, existen, sólo falta la voluntad de utilizarlos.
El IGSS podría ayudar a pagar la planilla de los trabajadores
El objetivo de esta propuesta es evitar el desempleo o un incremento de informalidad causado por despidos masivos llevados a cabo por empresas formales. Para tal fin, se propone reducir el pasivo laboral a empresas en estos momentos de medidas de restricción económica.
El mecanismo propuesto es crear un expediente temporal de suspensión de empleo. La idea es que las empresas puedan presentar una suspensión laboral mientras duren las medidas de restricción. Durante este tiempo, el IGSS pagaría el 33% del salario, el empresario otro 33% y el trabajador otro 33%[2]. La parte del trabajador sería una reducción de salario temporal. La razón para esta bajada temporal de salario es triple:
- Aportar al sostenimiento económico de esta crisis en la misma proporción que el resto de integrantes de la ecuación (empresas e IGSS)
- Evitar el despido y mantener el trabajo cuando la crisis se supere. Adicionalmente, los gastos habituales de traslado al trabajo y gastos afines no son actualmente sufragados por los trabajadores que se mantienen en sus casas.
- No provocar un desincentivo económico y situaciones injustas en la que algunos trabajadores que todavía acuden al trabajo tienen el mismo salario que aquellos que tienen que quedarse en casa.
¿Puede el IGSS permitirse pagar parte del salario de los trabajadores?
Hemos calculado el coste de la medida. Durante un mes, la propuesta sería de Q835.4 millones[3]. Si las medidas de restricción económica se extienden durante 2 meses, el coste sería de Q1,670.9 millones. En ningún caso estas cifras llegan siquiera a ser el superávit del año 2018.
Pero el IGSS no sólo tiene superávit todos los años, sus “ahorros” o fondos de inversión tienen rendimientos que alimentan las cuentas superavitarias de esta institución. En el gráfico 3 podemos ver como los rendimientos de las inversiones del IGSS año a año.
Como vemos, el coste de las medidas, tanto si se extienden las limitaciones productivas por un mes o por dos meses, se podrían cubrir completamente sólo con el rendimiento de las inversiones de un año. No haría falta tocar en absoluto los fondos del IGSS. En otras palabras, el esfuerzo pedido al IGSS no conllevaría disminuir ningún tipo de prestación que se da actualmente, tampoco conllevaría hacer un desfalco a sus fondos, sólo se estaría pidiendo una parte de los rendimientos de un solo año. No parece, por tanto, que se esté pidiendo hacer un esfuerzo titánico al IGSS.
En la tabla 1 podemos ver el porcentaje de los rendimientos de un año que conllevaría esta medida para el IGSS.
Ventajas de esta propuesta en comparación con otras propuestas de corte populista
Ventaja 1: Sustituto al seguro de desempleo
La primera ventaja de la propuesta es que es un sustituto superior al seguro de desempleo. A diferencia de los seguros tradicionales de desempleo, esta medida procura directamente que, tanto las empresas como sus empleados, sean capaces de soportar los meses difíciles sin tener que llegar al extremo del desempleo.
En otras palabras, esta propuesta no solo permite soportar la tormenta, sino también hace mucho más probable el regreso exitoso a las actividades productivas después del parón productivo. El seguro tradicional de desempleo, en cambio, simplemente aspira a hacer más agradable lo que viene después de que el barco ya se hundió para muchos.
Ventaja 2: Si se evita el desempleo, las personas pueden seguir atendiendo pagos
Esta medida evita o disminuye la necesidad de tomar otras medidas de corte populista como regalar energía eléctrica o regalar bolsas de comida.
Ventaja 3: Empresas pueden soportar sin cerrar
Siempre será preferible una suspensión laboral como la aquí planteada, con pagos a trabajadores que son dos terceras partes de su salario habitual, que el desempleo o decretar una suspensión laboral imposible de pagar para empresarios como ocurre actualmente y que podría llevar a muchas empresas a la quiebra.
En efecto, con el IGSS aportando una tercera parte de los salarios, y la empresa otra tercera parte, más valdrá (a todos los involucrados) unas semanas o meses de parón productivo con una bajada de salario del 33% por motivo de suspensión laboral que una empresa quebrada durante o posterior a la crisis de COVID-19.
Ventaja 4: Propuesta hace también copartícipe del coste a los empresarios
En contraste a muchas de las medidas económicas de emergencia llevadas al debate, esta medida no favorece a empresas privadas sin hacerles razonablemente copartícipe de los costos de la solución. Bajo nuestro punto de vista, lo ideal es que todos los grupos sociales involucrados en la situación sean copartícipes en los costes de su solución. La propuesta reparte el coste de una suspensión laboral pagada entre el IGSS (⅓), los empresarios (⅓), y empleados (⅓).
Ventaja 5: Propuesta evita otro tipo de subsidios y moratorias sobre pagos de deudas
Esta medida, al evitar el desempleo masivo, evita a su vez el enorme coste financiero que otras medidas pretenden arrojar sobre el sistema bancario. Tenemos que recordar que presionar en exceso al sistema bancario significa poner en peligro los ahorros de todos los guatemaltecos.
No hay tal como un almuerzo gratis: términos y condiciones para acceder a la medida:
El límite temporal de la medida ha de ser el tiempo que permanezca la empresa con restricciones gubernamentales para operar con normalidad. Lo anterior puede o no coincidir con el estado de calamidad. Aquellos que se pueden acoger son todos los empresarios: por cada trabajador inscrito en el IGSS.
Entre las condiciones para acogerse a esta norma se propone:
- Incorporarse al trabajo después del levantamiento de restricciones a empresa o sector. Si no se cumple condición 1, pago de 33% del recargo por despido.
- Los trabajadores se reincorporan en una situación similar a la existente antes de esta medida y deben permanecer así durante un mínimo de 6 meses. En caso contrario, el trabajador puede exigir un recargo del 33% en la indemnización por despido, salvo casos justificados de negligencia laboral[4].
La vía legal de implementación
El régimen de seguridad social comprende protección y beneficios en caso de que ocurran riesgos de carácter social como accidentes, maternidad, enfermedades, vejez, entre otros. No obstante, según el Artículo 28 de la Ley Orgánica del IGSS, la protección y beneficios de la seguridad social han de extenderse también a todos “los demás que los reglamentos determinen”.
Proponemos, por tanto, que la Junta Directiva proceda a discutir un acuerdo extraordinario que reglamente la propuesta de expediente temporal de suspensión de empleo. Tradicionalmente, Acuerdos De Junta Directiva han sido la vía legal para extender y/o especificar el qué se comprende en la protección y beneficios del Artículo 28 (por ejemplo, véase Acuerdos números 97, 410, 466, y 788 de la Junta Directiva).»
Conclusión
El IGSS cobra un porcentaje del salario a trabajadores y empresarios para situaciones de riesgo de carácter social. Creemos que la situación que vive actualmente Guatemala amerita de sobra la calificación de riesgo de carácter social. Por tanto, el IGSS tiene el deber de atender este riesgo.
El IGSS podría ser copartícipe de los costes laborales derivados de las medidas de restricción económica dictadas por el gobierno guatemalteco. Proponemos que el IGSS pague 1/3 de los salarios, la empresa 1/3, y el empleado tenga una rebaja de salario de 1/3 hasta la normalización de actividades productivas.
La medida tiene la ventaja de que puede ser pagada sólo con una fracción de los rendimientos que tiene el IGSS por sus fondos. No hace falta ni tocar el presupuesto de financiamiento ni los “ahorros” o fondos acumulados del IGSS.
Aviso legal: el análisis contenido en este artículo es obra exclusiva de su autor, las aseveraciones realizadas no son necesariamente compartidas ni son la postura oficial de la Universidad Francisco Marroquín.
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[1] Durante el mes de marzo, el Congreso de Guatemala fue bombardeado con múltiples propuestas de reforma económica, entre ellas la propuesta de UFM Market Trends.
[2] El porcentaje concreto sería 33.3%.
[3] Asumiendo que se ven beneficiados el 70% de los trabajadores formales. Hemos calculado el coste de la medida en base a datos de masa salarial de afiliados cotizantes publicados por el Boletín de Afiliación del IGSS en la categoría de patrones particulares (sector privado). Para obtener el dato de 2019, se realizó una proyección en base al crecimiento de los 3 años anteriores.
[4] Se podría considerar una condición de contratación similar si el empleado cotiza al IGSS por un número de horas, días, y monto que no sea inferior al 80% de la cotización equivalente de 2019.
AVISO IMPORTANTE: El análisis contenido en este artículo es obra exclusiva de su autor. Las aseveraciones realizadas no son necesariamente compartidas ni son la postura oficial de la UFM.
