¿Seguimos con los privilegios?

Cuando una mala costumbre se establece en una sociedad con una moral débil, es difícil eliminarla, porque se vuelve parte del diario convivir de sus habitantes. Este es el caso de las personas, organismos y empresas acostumbradas a los privilegios y favores políticos.  Manuel Ayau definía privilegio, en una columna de opinión de los lejanos 90’s, como “ampararse en el poder coercitivo del gobierno para privar a unos del ejercicio de su libertad, con el objeto de beneficiar a una persona o grupo, garantizando la supervivencia del negocio o el aumento de las ganancias del privilegiado.” De manera paralela, el concepto de “buscador de renta” sale a la luz como una explicación económica al fenómeno del clientelismo político. Se entiende por buscador de renta (del inglés ‘rent seeker’) a la persona, organización o empresa que intenta obtener beneficios del gobierno en la arena política. Busca conseguir beneficios económicos con favores de políticos en lugar de hacerlo a través de transacciones económicas normales, produciendo valor a sus clientes. Para los partidarios del libre mercado el problema con los buscadores de renta es que los efectos dañinos que generan superan a las ganancias que obtienen. Por tanto, al utilizar recursos en formas antieconómicas el ‘rent seeking’ se vuelve un problema para toda la sociedad. Pero esto no parece ser de importancia en las esferas de análisis político y económico del mundo, pues la población y los medios ya se han acostumbrado a los denominados ‘lobbies’. En Guatemala la situación no parece ser muy diferente.

 El fenómeno de empresas utilizando al gobierno para protegerse u obtener favores no es nuevo, y ha acompañado a la economía guatemalteca durante todo el siglo pasado y el actual. El Dr. Ayau combatió intelectualmente por décadas a estos personajes con intereses perversos, pero el problema persiste, y no se había manifestado tan notoriamente como con los últimos ejemplos suscitados en Guatemala. La protección arancelaria de industrias continúa, pero nos hemos acostumbrado tanto a ella que pasa desapercibida, mas no es así cuando estos gremios salen a la luz pública de manera descarada. Particularmente centraré mi análisis en tres claros ejemplos de buscadores de rentas que, mediante grupos organizados pretenden hacerse de favores políticos, capturando rentas a su paso: Agexport, los taxistas contra Uber y los ganaderos/caficultores.

 

Quitándole recursos a los más pobres

Brevemente comentaré este análisis ya que Daniel Fernández lo ha desarrollado más exhaustivamente en estos artículos. Recientemente en UFM Market Trends, Daniel hizo un análisis exhaustivo de la propuesta del sector exportador guatemalteco de devaluar el quetzal para conseguir una mejor posición cambiaria y aprovechar una supuesta (temporal) competitividad que confiere el tipo de cambio devaluado. En dicho artículo se desarrolla la explicación de cómo la devaluación resulta siendo una captura de rentas por parte de los exportadores, pues a través de la política monetaria y cambiaria se genera una transferencia de riqueza de los más pobres a los exportadores (que no son precisamente de escasos recursos). La inflación que conlleva la depreciación inducida, producto del aumento de oferta monetaria en quetzales para conseguir un tipo de cambio más alto, es un impuesto que pagan los más pobres, cuyas ganancias terminan en manos de las organizaciones que tienen acceso a monedas internacionales. Es la más despiadada forma de expropiar a la población de escasos recursos, pues estos no logran prever la inflación hasta que esta se hace presente en forma de menor poder adquisitivo. Es así como, usando sus recursos de forma antieconómica, los exportadores logran expropiar de rentas a los pobres, en lugar de aprovechar sus recursos y su posición económica privilegiada para mejorar su productividad y no esperar “recetas milagrosas” que les de la competitividad que debieron haber ganado y no lo hicieron. Afortunadamente el BANGUAT ha sido una de las pocas instituciones guatemaltecas que han sido inmunes ante la presión de estos grupos de poder.

 

Regulación y taxistas que no quieren competencia

Uno de los más recientes ejemplos de búsqueda de rentas utilizando la regulación es la pugna de los taxistas para evitar la entrada de Uber al mercado guatemalteco. Uber, tal como se define la empresa, es una plataforma tecnológica que pone en contacto a socios conductores con pasajeros gracias a una aplicación para teléfonos inteligentes. La idea gira en torno al concepto de economía colaborativa donde cualquier persona con licencia de conducir y un vehículo con ciertos requisitos (no necesita ser propio) puede convertirse en “taxista”. La aplicación reduce el costo de búsqueda de clientes, pues los conductores no deben realizar viajes rotativos en búsqueda de estos, sino que la información de quién necesita el viaje llega directamente al Smartphone del conductor. En este aspecto el uso de Uber ayuda a mejorar la eficiencia del servicio de transporte, pues se evita un desperdicio innecesario de combustible, de tiempo del conductor, y que, el de por si pesado tráfico, se congestione con una unidad adicional que no está siendo utilizada.

Los taxistas que se oponen a la entrada de Uber al mercado guatemalteco alegan que esta empresa no es conveniente para los clientes porque sus conductores no son certificados por las municipalidades, certificación que se consigue con trámites burocráticos y capacitaciones (innecesarias), además que no estarán rotulados. Estos trámites supuestamente buscan que sólo personas calificadas sean acreditadas como taxistas, pero ¿quién puede calificar mejor a un conductor que el propio usuario que utiliza el servicio? El software de Uber cuenta con un sistema de calificación tanto para clientes como para conductores que puede medir con mucha mejor certeza que un funcionario público quién sí está capacitado para conducir un medio de transporte. Es claro que la intención de los taxistas detrás de esta excusa es evitar la competencia.

Adicional a eso, escudándose detrás de una supuesta “competencia desleal”, los taxistas alegan que los conductores de Uber no pagarán la licencia que los taxis rotativos deben pagar a las municipalidades (además de los trámites de habilitación que tienen un costo de tiempo y dinero). Detrás de esta excusa se esconde la misma intención del gremio de taxis, evitar la competencia, pues Uber ofrece precios más bajos y mejores servicios para los usuarios, y como a los taxistas les es más difícil mejorar sus condiciones para poder competir y ganar, buscan organizarse para utilizar el poder coercitivo del estado y asegurar sus rentas a costa de los beneficios que perdemos los usuarios. Se sacrifica un mejor servicio a menor costo por los beneficios económicos que protege la regulación a ese tipo de transporte público. Si las municipalidades ceden ante la presión de los taxistas, ellos ganan y todos los demás perdemos. Si los taxistas fuesen lo suficientemente buenos, o si Uber realmente representara el peligro que dicen que representa, no se necesitaría de regulaciones o cuotas que limiten la competencia. Pero como es bastante improbable que todos los posibles usuarios afectados se organicen en favor de Uber, sus opiniones permanecerán dispersas, y el grupo organizado de taxistas tiene ventaja al concentrar sus peticiones.

 

Privilegios fiscales

Cuando una persona adquiere una obligación prestataria, debe cumplirla sin importar las adversidades que pueda atravesar. ¿Se imagina, usted lector, que al momento de tener problemas, pueda ir al banco a alegar que le bajen los intereses porque de otra manera no podrá pagar la deuda? Pues algo así pretenden ciertos grupos organizados en Guatemala. Clásicos “rent seekers”.

Hace algunas semanas fue noticia la manifestación masiva que llevó a cabo un grupo de caficultores frente a las instalaciones de la SAT en zona 9. Dicho grupo destacaba dos puntos en sus peticiones: la detención de procesos administrativos por adeudos tributarios a la SAT y una amnistía fiscal a los caficultores. El primero de los puntos, polémico y debatible, no se tomará en cuenta en este análisis pues existen puntos tanto a favor como en contra, pero el segundo es una clásica manera de los sectores organizados para aprovecharse de su poder y evitar impuestos. Los manifestantes solicitaban la reducción de la tasa impositiva sobre ingresos brutos al 3%, en lugar del 5% y 7% actual. Alegaban que esta reducción es necesaria para poder llevar a cabo sus actividades productivas, pues su sector se ha visto perjudicado por una serie de dificultades en los últimos años como la roya. El problema en sí no es la propuesta de reducción de impuestos, pues, aunque debatible en cierta medida, es ya consensuado que una reducción en impuestos incentiva a los sectores económicos que se ven beneficiados por ella. El problema radica en la búsqueda de privilegios por parte de este gremio. Los años posteriores a la recesión del 2008 han sido duros para muchas empresas, pero eso es parte de los negocios y cualquier empresario sabe que se pasa por épocas de “vacas flacas y gordas”. No deja de resultar interesante que todo el gremio pida la reducción por el mismo monto, como si todos caficultores manejaran la misma cadena de producción y manejaran los mismos costos, y por eso es que resulta sumamente injusto la idea de aplicar la amnistía solo a la producción y comercialización de café. Aunque es cierto que el café es una de las principales exportaciones de Guatemala, no tiene por qué depender de impuestos bajos para explotar su ventaja competitiva. Las tierras guatemaltecas donde se produce café son de las mejores en el mundo por su calidad, y eso es independiente de la tasa impositiva. Además, en un estado de derecho, la legislación debe aplicar a todas las personas por igual, sin privilegios especiales.  

De un modo más radical, los ganaderos también han pedido recientemente una rebaja de impuestos. Mejor organizados, los ganaderos presentaron una iniciativa de ley ante el Congreso donde solicitan la exoneración de IVA, ISR y una tasa impositiva del 1% sobre sus ventas brutas. Esto con el supuesto objetivo de regularizar la condición informal sus agremiados (cuya tasa de informalidad roza hasta el 95%). Lo preocupante en este caso es que existen diputados dentro del Congreso que manejan negocios de ganadería y tienen incentivos perversos detrás de esta exoneración fiscal. En algunos países como Botswana, los incentivos de los gobernantes alineados con los de la población lograron que la mejora en las condiciones comerciales de los ganaderos repercutiera en crecimiento económico y desarrollo. Pero la situación era diferente pues la ventaja comparativa del país africano es la ganadería. En nuestro caso no lo es, y esa alineación de incentivos entre ese grupo de presión y los diputados es peligrosa. Es también injusto y rompe con la igualdad ante la ley esa exoneración de impuestos tan grande, pues desde cualquier punto de vista es inmoral la protección de una industria a costa de los demás contribuyentes, que deben lidiar con cargas tributarias más pesadas solo por el hecho de no tener representantes directos ni gremios con poder político dentro de organismo encargado de legislar.

Es bueno volver a destacar que una reducción de impuestos no es en sí condenable, si se aplica a toda la población de manera equitativa y justa, pero no es aceptable cuando se utiliza como instrumento de privilegios, o con la excusa de incentivar a un sector en específico. No hay justificación para los buscadores de renta.

 

Una advertencia

Existen cientos de casos donde los empresarios tienen ventajas por beneficios concedidos por el gobierno, e incluso grandes industrias se han levantado en base a ese “apoyo. Los que consideramos que la libre competencia es la mejor manera para conseguir el desarrollo económico no podemos quedarnos callados ante tales injusticias. Los empresarios que buscan privilegios triunfan en su cometido cuando logran organizarse para ejercer presión y los posibles perjudicados no lo hacen. Esto sucede porque es fácil concentrar el beneficio, mientras se dispersan los costos. Al ser tan pequeño el costo individual, las personas no se organizan para oponerse a los privilegios de las empresas. Es allí donde las instituciones fuertes juegan un papel fundamental para el desarrollo económico. La independencia de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial es clave para que se establezca un estado de derecho donde prime la igualdad ante la ley y las reglas sean justas y generales, sin excepciones ni privilegios. Puesto que los incentivos para organizarse y presionar por favores existen y existirán siempre, depende de las autoridades en turno no dejarse llevar por estos y gobernar a todos por igual. Lastimosamente esto no se ha cumplido en Guatemala, pues al día de hoy existen miles de estatutos regulatorios que discriminan a las diferentes actividades productivas, producto de años y años de clientelismo político. Y es verdaderamente preocupante que el presente gobierno no tenga un plan claro de gobierno, ni independencia que limite los intereses particulares. Con los contactos correctos, es fácil influir en la agenda política nacional y captar rentas a costas de la demás población. Una de las funciones principales de un gobierno en un estado de derecho es proteger la propiedad de las personas, pero a través de estas extracciones indirectas de riqueza, se consigue completamente lo contrario.

Al final, quienes son los más perjudicados siempre son los pobres, pues al tener nula participación política ni representantes en el congreso, son quienes absorben los costos de los privilegios de unos pocos. La economía no es un juego de suma cero, pero en la política sí puede darse esa situación de ganadores y perdedores, y existen pocas cosas más inmorales que castigar a un pobre para beneficiar a un rico.

 

 

AVISO: el análisis contenido en este artículo es obra exclusiva de su autor, las aseveraciones realizadas no son necesariamente compartidas ni son la postura oficial de la Universidad Francisco Marroquín.