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El salario mínimo de Guatemala es de los más altos y nuestros trabajadores de los más pobres

Una de las ideas más discutidas en los medios de comunicación se relaciona con el salario mínimo y sus supuestos beneficios. La gente piensa que el salario mínimo es una herramienta para ayudar a los trabajadores menos afortunados. Se dice que en ausencia de salario mínimo los trabajadores ganarían salarios de subsistencia. También se piensa que el salario mínimo es una medida para combatir la desigualdad económica. Pero, ¿es realmente así? ¿qué nos puede enseñar el caso guatemalteco al respecto?

La falaz idea de que el salario mínimo es igual a ingreso mínimo

La gente piensa que decretar un salario mínimo equivale a decretar un ingreso mínimo para todos, pero la realidad es muy diferente. Es imposible aumentar el ingreso de una persona por decreto. A continuación vemos cuál es el ingreso promedio que percibe un guatemalteco y cuál es el costo de un trabajador de acuerdo al salario mínimo legal.

No hay que olvidar que el costo real por trabajador está dado por el salario mínimo legal más el pasivo laboral. Este último consiste en todos los beneficios a los que tiene derecho el trabajador además del salario base. De modo que, si bien el salario mínimo para 2016 era de Q.2,490 al mes, al tener en cuenta el pasivo laboral y otros costes (bonificación incentivo, vacaciones, aguinaldo, etc.), el costo por trabajador cada mes llegaba a los Q.3,466 aproximadamente.

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Vemos que el costo real por trabajador está muy lejos del ingreso promedio que percibe un trabajador guatemalteco. Pero hay otro problema adicional: como solía decir Manuel Ayau, si yo me como un pollo entero, en promedio usted y yo nos hemos comido medio pollo. Y es que, pese a que, según el INE, el ingreso promedio mensual es de Q.2,131.00, hay que hacer algunas acotaciones.

El 28% de la población económicamente activa está laborando en tareas agrícolas. Digamos que se trata de la población menos afortunada a la cual intenta ayudar el salario mínimo. El salario medio como jornalero es de Q.1,168 por mes. Prácticamente nadie cobra el salario mínimo pues la productividad en ese sector suele ser muy baja. De modo que, repito, el salario mínimo no es igual a ingreso mínimo.

¿Y cómo se compara Guatemala con otros países de la región?

Ciertamente para ver que el salario mínimo es incapaz de cambiar la realidad económica de las personas, veamos el siguiente gráfico.

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Guatemala tiene el tercer salario mínimo más alto, en términos nominales, de diez países seleccionados.  Pero es fácil darse cuenta que eso no refleja ni por asomo la realidad de nuestros trabajadores. Demos ahora un vistazo al salario mínimo de estos diez países y veamos cuál es la renta per cápita de cada uno.

a-109-3tablasalariospaisDatos: Ministerios de trabajo y Banco Mundial

Vemos que no hay relación alguna entre el salario mínimo y la renta per cápita de cada país. Mientras que Guatemala decreta un salario mínimo muy parecido al de Chile, la realidad es que la renta per cápita de dicho país triplica a la de nuestro país. De igual forma, vemos cómo Honduras tiene el cuarto salario mínimo más alto de los países seleccionados y tiene la segunda renta per cápita  más baja de todos.

Conclusión: mejorar el ingreso de los trabajadores no pasa por aumentar el salario mínimo. Los países ricos, como Chile, gozan de ese nivel de vida porque tienen un estado de derecho relativamente respetable y la inversión se genera y llega a ese lugar. Guatemala tiene que empezar a pensar en cómo convertirse en un país atractivo para la inversión si quiere que sus habitantes vivan en un país próspero.

AVISO: el análisis contenido en este artículo es obra exclusiva de su autor, las aseveraciones realizadas no son necesariamente compartidas ni son la postura oficial de la Universidad Francisco Marroquín.

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Edgar Ortiz

Edgar Ortiz

Edgar Ortiz es licenciado en derecho por la Universidad Francisco Marroquín. Es máster en economía de la escuela austríaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es director ejecutivo del Centro de Estudios Económico-­Sociales (CEES). Es profesor de economía en la Universidad Francisco Marroquín, además es analista en temas de coyuntura en Canal Antigua. Ejerce como abogado asociado en Estudio Jurídico Rivera.

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