Enfoquémonos en la informalidad

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En Guatemala la variable del desempleo parece no ser de mucha importancia para el análisis económico. Según la última Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI), realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de desempleo abierta en Guatemala hasta 2016 fue del 3.1% de toda la población económicamente activa (PEA). Es una tasa bastante baja, teniendo en cuenta que Guatemala no es uno de los países más atractivos para la inversión y su economía no es industrial. La tendencia en los últimos años se ha mantenido estable y no ha cambiado en más de un punto porcentual en ninguno de los diferentes rubros geográficos, según muestra la gráfica 1. Resulta interesante que el rubro urbano metropolitano sea el que presenta mayor tasa de desempleo, pues es en el departamento de Guatemala donde se registra el mayor número de empresas.

Gráfica 1

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Fuente: ENEI 2016

Como muestra la gráfica 2, el ingreso promedio urbano es también más alto que el rural. Al mismo tiempo que el desempleo es más alto en el área urbana, también los ingresos mensuales lo son. En teoría un lugar con más desempleo debería tener salarios más bajos que un lugar con poco desempleo, pues la gente en necesidad de ingresos estaría dispuesta a aceptar un empleo por un menor salario. Por lo anterior resulta interesante que esta relación teórica entre desempleo y salarios se rompa, pero si al análisis se agrega el hecho de que el departamento de Guatemala (y las principales cabeceras departamentales) concentran el trabajo formal, empieza a tener sentido.

Gráfica 2

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Fuente: ENEI 2016

A finales del primer trimestre del 2016 el costo de la canasta básica vital para una familia de 5 integrantes era Q6,694.21, por lo que necesitaba 4.5 veces el ingreso promedio en el área rural y 2.5 veces el ingreso promedio del área urbana. Prácticamente todos los integrantes de una familia promedio del área rural deben trabajar para poder suplir la canasta básica vital, mientras en el área urbana solo la mitad. Esto explica en parte por qué el área rural presenta menor índice de desempleo: al tener mayores ingresos, la familia promedio urbana puede “darse el lujo” de enviar a sus hijos a estudiar, o de mantenerlos sin que estos necesiten trabajar. Por otra parte, la gente del área rural debe trabajar para poder comer, si no lo hacen morirán de hambre o vivirán con desnutrición y pobreza. Pero, dado que la mayor parte de empresas están en el área urbana, ¿dónde trabajan las personas del área rural? La informalidad parece ser la única alternativa de trabajo para estas personas.

El problema de la informalidad

Según la última ENEI, en Guatemala 7 de cada 10 personas económicamente activas se desenvuelve en la informalidad, entendiéndose informalidad como “los trabajadores por cuenta propia y pequeñas empresas que no están integradas plenamente en el marco institucional que regula las actividades económicas”. Estas pequeñas empresas y trabajadores no pagan impuestos y no cumplen ningún tipo de regulación, pues según los registros gubernamentales no existen. 7 de cada 10 es un número enorme, aunque no nos dice mucho. Por eso es necesario desagregar ese dato para entender el fenómeno de la informalidad.

Gráfica 3

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Fuente: ENEI 2016

La gráfica 3 respalda la teoría de que la población rural presenta menor desempleo que la urbana porque las personas encuentran trabajo en la actividad informal. No es que necesariamente la gente quiera evadir la ley y no registrarse como empresa ante las entidades de gobierno, o quiera trabajar sin las prestaciones mínimas. Lo que sucede es que no tienen otra opción. La gráfica 4 que muestra la clasificación de informalidad por actividad económica muestra que más de la tercera parte de los informales labora en el campo, mientras un 27% lo hace en el comercio. Dentro de estos dos rubros se concentra más de la tercera parte de toda la PEA, y es fácil notarlo en lugares como los mercados cantonales o las grandes extensiones de agricultura en el interior.

Gráfica 4

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Fuente: ENEI 2016

Estas personas, además de no pagar impuestos no tienen la mínima cobertura de los derechos laborales como lo son el IGSS, bonificaciones adicionales o vacaciones. El 77% de los asalariados informales urbanos no cuenta con afiliación al IGSS y el porcentaje aumenta al 86.6% en el área rural. Del mismo modo, solo el 33.4% de informales urbanos recibe Bono 14 y el 17.2% en el área rural. Además de los bajos ingresos, no cuentan con la cobertura mínima laboral por no tener una mejor opción para trabajar.

Aunque la economía informal genere fuentes de empleo, no ofrece soluciones para salir de la pobreza. Los dos rangos salariales más grandes en la informalidad (88%) en 2014 fueron menores a Q2,531 según muestra la gráfica 5, mientras que el 88.7% de los trabajadores formales ganaban entre Q1,001 y Q5,500.

Gráfica 5

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Fuente: ENEI 2014

Causas

¿Cómo se explica la enorme proporción de informalidad en la PEA guatemalteca? Hay varias hipótesis, pero una de las más aceptadas es la falta de oportunidad laboral formal producto de la falta de empresas privadas legales en Guatemala. La inversión privada interna crece lentamente, y se necesita de inversión extranjera para acelerar el proceso de transformación a una economía mayoritariamente formal.

Para nadie es un secreto que Guatemala tiene un débil estado de derecho y no es atractivo para la inversión extranjera. Ocupamos el puesto 81 de 189 en “Doing Business”, 87 de 129 en “Derechos de Propiedad”, 85 de 102 en “Estado de Derecho” y 107 de 193 en “Calidad Institucional”. Esta pobreza institucional se ha reflejado en la disminución de inversión extranjera directa como lo muestra la gráfica 6. Los conflictos sociales en macro inversiones del área rural han cobrado una importante relevancia en los últimos años. Ciertos grupos con fines perversos han utilizado la conflictividad social contra empresas privadas como hidroeléctricas o mineras para lucrar, y en otros casos las comunidades auténticamente desaprueban esos proyectos. Cual sea el caso, la inversión extranjera se ve en una gran incertidumbre y dado el poco respaldo que el gobierno da a los derechos de propiedad, deciden retirarse o simplemente no invertir en Guatemala. Países como Nicaragua y México han sabido aprovechar esa ineptitud de sus vecinos para atraer inversiones hacia sus fronteras, en detrimento de las oportunidades de los guatemaltecos.

Gráfica 6

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Fuente: Banco de Guatemala (Banguat)

Otro de los agravantes del problema es que el salario mínimo en Guatemala es de los más altos en el área. Eso nos quita competitividad como país, pues muchas empresas extranjeras buscan invertir en países en desarrollo para aprovechar la mano de obra más económica. No pretendo poner en duda la nobleza de muchos defensores de tal medida, pero es necesario que se entienda que aumentar el salario por decreto únicamente crea más desempleo formal y obliga a las personas a vivir en la informalidad. El año pasado se intentó promover una medida polémica de salario diferenciado como prueba piloto en cuatro departamentos, pero fue descartada por un amparo dado por la Corte de Constitucionalidad. Si bien las figuras políticas que lo promulgaron dejan mucho que desear, la propuesta tenía sustento académico. Es una lástima por la oportunidad perdida.

Por el lado de los microempresarios existe el problema de que no hay incentivo para ser formal. Si bien es obligación por ley registrar las empresas ante la SAT, dado que no hay castigo los microempresarios no las registran y se pierden millones de quetzales en tributación potencial (según la SAT en 2015 la informalidad representó una pérdida potencial del 34.2% del IVA). El único beneficio que recibirían las pequeñas empresas formalizando su situación legal es poder acceder al sistema financiero guatemalteco y celebrar contratos respaldados por la legislación, pero parece que no es un incentivo lo suficientemente fuerte como para acarrear el costo de la formalización que, de paso sea dicho, es difícil para una persona que no tiene la formación mínima requerida. Toma un día para un profesional universitario registrarse como pequeño contribuyente ante la SAT y una semana si se registra una empresa como contribuyente normal ante SAT y el registro de la propiedad. ¿Cuánto más le costará a alguien que emprende en la informalidad porque su formación académica no le es suficiente para trabajar en una empresa formal?

Y el panorama se ve desolador. El último año aumento la informalidad 2.2% con respecto al año pasado, y en el 2017 con la llegada de Donald Trump al gobierno estadounidense y sus promesas de luchar contra la inmigración ilegal en Estados Unidos se espera un posible incremento en las deportaciones de guatemaltecos. Con un mercado laboral que no se da abasto, las personas deportadas muy probablemente agrandarán la economía informal. Y es que el problema subyace desde la educación, pues se prepara a los futuros trabajadores con pensums desactualizados y desarrollando habilidades que el mercado laboral no demanda, en lugar de aprovechar ventajas competitivas que han surgido recientemente como el dominio de otros idiomas.

Dejando atrás la informalidad

Ya desarrollado el problema que representa la informalidad en Guatemala y algunas de sus causas, es importante buscar soluciones, o al menos pensar en métodos para reducir la problemática que representa. Una de las opciones más interesantes que ha surgido en los últimos años son los denominados “Call Centers”, también conocidos como “BPOs” o “Contact Centers”. Las personas que trabajan en estos lugares pueden subir de posición socioeconómica en pocos años según el Estudio del Índice de Progreso Social y es un sector que no requiere mayor habilidad que el dominio del idioma inglés como mínimo. Otra opción interesante surge de la reciente aprobación del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo por parte del Congreso, el cual establece estándares para la implementación del trabajo por hora, resguardando los derechos laborales básicos. El salario mínimo en Guatemala genera desempleo porque la productividad de las personas laborando 8 horas diarias no alcanza para pagar ese salario, pero con un pago por hora se ve disminuido el monto neto a pagar y puede generar nuevas oportunidades de empleo que la jornada laboral de 8 horas impedía. Es una oportunidad importante para el sector exportador e industrial, pero principalmente para los pequeños y medianos empresarios que no pueden permitirse pagar los Q2,747.21 por un trabajador, y sobre todo para las personas que laboran en la informalidad y quieren pasar a contar con derechos laborales, que laboran subempleadas o que quieren estudiar y trabajar al mismo tiempo para poder aumentar sus ingresos en un futuro con educación superior.

Pero estas alternativas no deberían quedarse solo en el departamento de Guatemala, sino implementarse principalmente en el interior de la República, donde los ingresos medios son más bajos y las tasas de informalidad mayores. Según estudios, las personas que hablan lenguas mayas tienen mayor facilidad para aprender una mejor pronunciación de inglés, y si se explota esta ventaja competitiva inesperada llevando “call centers” a Cobán facilitándoles la infraestructura necesaria, y se aprovechan programas de educación como el programa “All Access” de la embajada estadounidense que enseña inglés a personas de escasos recursos, podría aumentar el trabajo formal en el área rural y con ello aumentar la calidad de vida de la población más vulnerable en Guatemala. No debe malinterpretarse están información y creer que el gobierno de Guatemala debe incentivar de alguna manera alguna industria en particular. Esta vieja práctica mercantilista de buscadores de rentas no es lo que Guatemala necesita para aumentar su economía formal, sino que el gobierno debe proveer la infraestructura básica como carreteras y puertos, estabilidad institucional y certeza jurídica para los derechos de propiedad, y dejar al mercado generar empleo. Tampoco la solución a la informalidad viene de aumentar la cantidad de trabajadores públicos, pues esto no genera ninguna riqueza y solo despilfarra los recursos que se necesitan para fines más primordiales como la seguridad y justicia. Lástima que apoyar la inversión extranjera en Guatemala requiere compromiso de parte de los políticos, porque las autoridades no se ven incentivadas a hacer algo sino les beneficia y si de algo podemos estar convencidos es que, si un político está muy interesado en apoyar a una empresa, es porque alguna intención perversa tiene, y más corrupción es lo que menos necesitamos para sacar adelante a Guatemala y como siempre los más perjudicados con la corrupción son los más pobres.

AVISO: el análisis contenido en este artículo es obra exclusiva de su autor, las aseveraciones realizadas no son necesariamente compartidas ni son la postura oficial de la Universidad Francisco Marroquín.

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Jorge Eduardo García

Jorge Eduardo García

Jorge actualmente cursa el tercer año de la carrera licenciatura en Economía con especialización en finanzas en la Universidad Francisco Marroquín. Ha participado en seminarios internacionales de la Foundation for Economic Education.

Es research intern del Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES) y también ha colaborado en experimentos con el Centro de Economía Experimental Vernon Smith de la UFM.


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