Presupuesto 2018: una meta de recaudación imposible

En septiembre el Ejecutivo remitió al Congreso su proyecto de presupuesto para 2018. El resultado fue un ambicioso proyecto: proponían aumentar el presupuesto de los Q.77,309 millones que se aprobaron para 2017 a Q.87,922 millones para 2018.

Sin embargo, es el Congreso quien aprueba el presupuesto y antes de que el pleno lo conozca debe pasar por la comisión de finanzas y moneda cuyo dictamen es el que el pleno conoce y luego aprueba o imprueba.

El congreso hizo algunas rebajas al presupuesto del ejecutivo

Fue el pasado 17 de noviembre cuando la Comisión de Finanzas emitió su dictamen respecto del proyecto de presupuesto que le remitió el Ejecutivo.  El resultado del dictamen fue una reducción total de Q.3,326 millones para dejar un presupuesto total de Q.84,596 millones. El presupuesto se gastaría de la forma siguiente de acuerdo con la comisión:

Por tipo de ingreso	*Ingresos	Por tipo de gasto	*Egresos
Ingresos corrientes y de capital	Q                 67,721	Funcionamiento	Q        54,841.00
Deuda	Q                 16,875	Inversión	Q        16,593.00
		Deuda	Q        13,162.00
Total	Q                 84,596	Total	Q        84,596.00

^{* En millones de quetzales.}

^{Fuente: Dictamen de la comisión de finanzas y moneda del Congreso de la República.}

Como se puede apreciar de la tabla, los Q.3.3 millardos que se reducen se explican casi en su totalidad por una reducción en la emisión de bonos. Esto es una nota positiva teniendo en cuenta que el ejecutivo presentó un presupuesto altamente financiado con endeudamiento. Sin embargo, aún hay temas de la deuda pública que no debemos olvidar.

Deuda para funcionamiento

El Centro de Estudios Económico-Sociales(CEES) publicó un estudio en el que hizo un análisis del proyecto de presupuesto para 2018. Y uno de los hallazgos más interesantes es el detalle que presentan del destino de los bonos que se adquirirían en 2018. El gráfico que presento a continuación lo detalla:

^{Fuente: Proyecto de presupuesto de 2018 y dictamen de la comisión de finanzas y moneda del Congreso de la República.}

Esto quiere decir que el principal destino de la deuda que Guatemala logre colocar será el pago de deuda vencida. Pero lo más llamativo es que un 15% de esa deuda servirá para pago de gastos de funcionamiento, algo que técnicamente no debe hacer el gobierno de acuerdo con las normas presupuestarias.

¿Qué gastos de funcionamiento pagarán con la deuda? Hay varios rubros, pero lo que más llama la atención es que la deuda servirá para pagar otra deuda: las pensiones y la ayuda prevista en la ley del adulto mayor. Por pensiones me refiero a las pensiones que perciben los trabajadores del Estado que se han jubilado y la ayuda de la ley del adulto mayor es una transferencia dirigida a personas de la tercera edad que nunca cotizaron en la seguridad social.

Ministerios que no ejecutan pero recibirán más fondos en 2018

Otro tema que no debe pasar inadvertido se relaciona con el Ministerio de Comunicaciones (MICIVI) y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). Al 16 de noviembre el MICIVI había ejecutado apenas el 45% de su presupuesto. No obstante, en el dictamen de la comisión se le incrementa el presupuesto de Q.4,098 millones a Q.5,894 millones, esto es un incremento del 44%.

La historia del MIDES es aun peor. Dicho Ministerio continuará con un presupuesto muy similar al de 2017, pero hay que tener en cuenta que al 16 de noviembre apenas había ejecutado un 35% de su presupuesto. En los últimos cuatro años es recurrente que sea el MIDES el ministerio con menor porcentaje de ejecución presupuestaria. Un ministerio que bien podría desaparecer.

Los salarios, un rubro fuerte pero poco transparente

El estudio del CEES revela que casi un 30% del presupuesto de la nación se destina exclusivamente al pago de salarios. Lo más preocupante es que el gobierno sigue sin saber a ciencia cierta cuántos trabajadores tiene.

Se suponía que en 2017 el gobierno haría un censo para conocer a ciencia cierta cuántos empleados públicos trabajan para el Estado. El problema principal para determinar cuántos empleados públicos existen tiene que ver con que una parte considerable del personal del Estado se contrata en renglones de “servicios profesionales” que teóricamente son contratados de forma temporal pero que en la práctica se desempeñan de forma continua e indefinida en sus puestos.

Análisis aparte merece la carga que añaden los pactos colectivos de condiciones de trabajo que inflan el costo de la mano de obra pública a través de bonos y otras remuneraciones.

En resumidas cuentas, el presupuesto para 2018 sigue la inercia de presupuestos anteriores: mantener niveles de endeudamiento, mantener déficit fiscal y mantener una burocracia ineficiente.