La crisis olvidada: Nicaragua al borde del abismo

2018 fue el año donde, una vez más, el modelo socialista evidenció su incapacidad de generar beneficios para la población. El ejemplo más comentado y mediáticamente tratado fue el de Venezuela. En una crisis humanitaria sin precedentes en América, el país sudamericano está cayéndose a pedazos día tras día, pero no es el único. Otro país en Latinoamérica está sufriendo las consecuencias del autoritarismo socialista, dejando su economía al borde del abismo y a su gente en la miseria colectivizada: Nicaragua.

La reforma que originó la crisis

El gobierno de Daniel Ortega intentó pasar una reforma al sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) con el supuesto propósito de “mejorar el balance financiero del sistema de pensiones”.  La intención de sanar un déficit de más de $76 millones de dólares se planteaba con un aumento de 3.5% de la cuota patronal (hasta 22.5%), un aumento de 0.75% a la cuota del trabajador (7%) y una reducción de 5% en la pensión de los jubilados. Esto desencadenó una ola de rechazo a las reformas donde cientos de personas salieron a las calles a protestar. El gobierno tomó la terrible decisión de usar la fuerza para reprimir a los manifestantes, lo cual les sirvió ganar adeptos. En poco tiempo las manifestaciones aglutinaban a miles de personas en contra de la corrupción, la censura y la falta de democracia. Manifestantes de distintos sectores sociales, distintos contextos socioeconómicos, y diferentes ideologías protestaban por un cambio en el sistema, pero la situación empeoró cuando escaló la violencia con la policía y las protestas se tornaron violentas con decenas de muertos y presos políticos.

A raíz de la crisis política, el régimen de Ortega dio marcha atrás con la reforma. Pero el daño ya estaba hecho. Las manifestaciones violentas continuaron, los presos políticos proliferaron, y mientras tanto la víctima silenciosa era la economía de los nicaragüenses. En este artículo se detallarán las distintas facetas de esta crisis, para mostrar cuán mal podría terminar el presente año para Nicaragua.

La crisis económica del 2018

Según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, la economía nicaragüense cayó en 2018 más de un 4% en términos de PIB. Según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) la pobreza aumentó en 2018 un 9.3%, hasta el 38.9%. Se perdieron más de 157 mil empleos, se suspendieron otros 300 mil, y más de 10 mil empresarios tuvieron que cerrar sus negocios. El enorme ambiente de inseguridad, incertidumbre y temor que trajo la represión y manifestaciones violentas afectó gravemente la confianza del consumidor y del inversor, dejando muy lejana la cifra de crecimiento de años anteriores (casi un 5% sobre PIB). La ola de asesinatos, heridos, y encarcelados que dejó la represión orteguista repercutió en una caída pronunciada de la economía donde se vieron afectados prácticamente todos los sectores productivos, y en efecto cascada, afectó la recaudación de impuestos y los ingresos del seguro social. La crisis también provocó una salida masiva de migrantes nicaragüenses.

Las cosas empeoraron cuando congresistas de Estados Unidos empezaron a notar el desastre que se gestaba en Centroamérica. La “Nica Act” o ley de condicionamiento a la inversión nicaragüense, surgió de algunos senadores americanos que querían poner presión al gobierno orteguista para celebrar elecciones libres y transparentes. Luego de dos intentos fallidos en el congreso americano, y luego del estallido de la crisis política, la ley fue aprobada. Dicha ley, además de limitar los préstamos al gobierno de organismos financieros internacionales, imponía sanciones a funcionarios del régimen de Ortega como bloqueo de activos o prohibiciones de transacciones usando el sistema financiero americano.

Esta ley tocó uno de los pilares fundamentales de la economía de Nicaragua: su dependencia de Estados Unidos y sus aliados. Esta dependencia se debe tanto a la gran cantidad de remesas que ingresan al país, como a la cantidad de inversión pública financiada por préstamos de cooperación internacional (más del 70% de la inversión pública en 2017), como por el hecho que el 65% de los depósitos en el país eran en dólares a inicios de 2018.

Y las proyecciones para 2019 no son nada alentadoras. Entidades internacionales y FUNIDES estiman una caída en la economía de entre el 7% y el 11%. La situación política no se ve clara en el corto plazo. La incertidumbre es rampante en círculos empresariales, y la contracción de la actividad económica es evidente en las calles donde cientos de comercios permanecen cerrados. Pero de todas las industrias afectadas, quizá la más crítica es el sector bancario.

La banca, muriendo lentamente

Según Richard Feinberg y Beatriz Miranda, en el ensayo “Tragedia Nicaragüense: del consenso a la coerción”, el FMI creía que el sistema bancario de Nicaragua tenía estándares de liquidez y solvencia muy por encima de los internacionales, además que sus alianzas con el gobierno le daban un ambiente legal bastante cómodo que les permitía grandes ganancias. Pero, en medio de la crisis, los préstamos cayeron en mora, las ganancias desaparecieron y el capital bancario peligró.

El pánico entre ahorrantes e inversionistas que provocaron las acciones violentas del gobierno se tradujo en retiros masivos del sistema bancario nicaragüense. Empezando por los pequeños ahorrantes que retiraban dinero para utilizarlo ante eventualidades, hasta los grandes inversionistas que lo sacaron del país. Según FUNIDES, entre el 31 de marzo y el 31 de diciembre de 2018 se retiraron más del 28% de los depósitos totales del sistema bancario. Esto provoca una fuerte presión a los bancos para cumplir con las demandas de efectivo de sus cuentahabientes, lo que a su vez presiona a la recuperación temprana de carteras de crédito o adquirir líneas de crédito con otras instituciones financieras. Y, efectivamente, el crédito se vio afectado. La cartera de créditos se contrajo un 13% en 2018. La contracción del crédito es particularmente importante porque reduce la capacidad de los demás agentes de la economía de apalancarse y mejorar sus retornos, lo que le quita un salvavidas importante a una economía en recesión. Además, los bancos del sistema corrieron a comprarle dólares al Banco Central de Nicaragua para poder cubrir la demanda de moneda extranjera en retiros o conversión de córdobas.

El acceso a líneas de crédito internacionales se complicó, ya que tras la Nica Act, los bancos americanos que hacían negocios con la banca de Nicaragua decidieron retirarse del país. A finales de 2018 Wells Fargo, Bank of America, JP Morgan Chase y Citi, 4 de los bancos americanos más importantes, decidieron apartarse de relaciones con bancos nicaragüenses alegando incrementos fuertes de riesgo país y la dificultad que imponían las restricciones del Nica Act. Las agencias calificadoras internacionales también han castigado al país, disminuyendo la calificación del país por los riesgos sociopolíticos y elevando la prima de riesgo país, encareciendo el crédito internacional. Todos estos problemas llevaron a la banca a medidas desesperadas de ahorros como cerrar sucursales, despedir colaboradores y hasta perseguir a sus clientes en mora.

Ante la falta masiva de líneas de crédito extranjeras, el banco central salió a inyectar liquidez a los bancos, pero con el nivel de retiros del sistema, y la falta de otras líneas de crédito, solo se han perdido reservas monetarias poniendo en peligro la estabilidad cambiaria. La disminución en reservas fue del 30% de abril a diciembre de 2018. Y, de continuar ese ritmo de retiros, podrían quedarse sin reservas este o el próximo año.

Riesgo de corralito, riesgo de devaluación

A partir de esto último, uno de los mayores riesgos en Nicaragua es el de la pérdida de la estabilidad cambiaria. El tipo de cambio en Nicaragua es administrado por el Banco Central de Nicaragua (BCN) desde los años 90. Se maneja una tasa de deslizamiento del córdoba versus el dólar anual del 5%, ajustada diariamente para que la devaluación sea lineal. Pero en los últimos meses el BCN ha estado tomando una serie de decisiones erráticas que alertan de futuros problemas cambiarios.

Una de ellas fue agregar discrecionalidad a la decisión de cuál será la tasa mensual de convertibilidad de monedas. Esto quiere decir que el presidente del banco central decidirá mensualmente a cuánto quiere devaluar su moneda, pudiendo romper con el conocido 5% que se tiene desde hace 25 años. En su momento esta decisión generó una ola de especulación sobre devaluaciones fuertes, pero el BCN ha respetado la regla del 5% desde que se eliminó la regla en octubre de 2018. No es viable modificarla en lo pronto, porque gran parte de la economía nicaragüense está dolarizada (también los préstamos). Pero, aunque se haya respetado la regla, ya no es más una regla. La discrecionalidad en un banco central solo agrega incertidumbre a los agentes económicos que quedan a merced de la voluntad del banquero central, institución que debería ser de las más estables y confiables para que el país tenga un desarrollo macroeconómico debido.

Derivado del fuerte retiro de depósitos en dólares, y la consiguiente pérdida de reservas, el riesgo de una devaluación de facto viene también de la falta de disponibilidad de reservas con las que cuente el BCN. Las reservas se vieron afectadas drásticamente por la demanda de dólares de los bancos comerciales en retiros, cubriendo el BCN el 74% de los dólares demandados por bancos para tal motivo. Como se mencionó anteriormente, una disminución insostenible en las reservas obligaría al banco central a tomar una de dos opciones:

• Liberar de golpe el tipo de cambio
• Limitar de alguna forma la salida de dólares.

La primera opción, óptima para estabilizar el mercado, sería muy dolorosa para una economía que ya está en recesión, por lo que no es factible políticamente. Otra solución sugerida por economistas es eliminar la indexación de ciertos bienes y servicios, para que el golpe cambiario no afecte algunos servicios como la tasa de interés o los salarios, pero esta medida generaría una enorme incertidumbre entre los agentes económicos que empeoraría el proceso de devaluación.

La segunda opción, limitar la salida de dólares, es una opción conocida por gobiernos latinoamericanos con crisis cambiaria. De alguna forma, dicha opción ya se ha puesto en marcha con otra decisión polémica del BCN: limitar compras de dólares en línea por parte de instituciones financieras. En octubre del 2018 el banco central notificó a los bancos que, para cubrir sus necesidades de dólares, debían solicitarlos por escrito y con 48 horas de anticipación indicando el monto, propósito e involucrados. Este tipo de “pre-corralito”, donde se empieza a limitar la cantidad de dólares dada a los bancos, abre la puerta a un futuro control rígido de salida de divisas a cualquier persona o institución, perdiendo la libre convertibilidad de monedas. A partir de ahí, el BCN puede decidir a quién venderle dólares y a quién no, y en un momento donde las reservas lleguen a mínimos insostenibles empezarán a limitar los dólares a lo que el régimen considere que es su prioridad, perjudicando al resto de la economía.

Una estrategia tomada por el BCN para lidiar con la disminución de reservas fue sacar numerario de circulación en moneda nacional. La idea es limitar la cantidad de córdobas para tratar de contrarrestar la disminución de dólares, y mantener la razón de 2.8 veces que maneja el banco central para estabilizar sus operaciones cambiarias. El enorme problema de esta medida es que al reducir intencionalmente la cantidad de dinero se ralentiza la economía al dejar a los agentes económicos con menor liquidez, además de contraer el crédito. En una economía en plena recesión, disminuir el dinero la agrava aún más como se evidenció en la gran depresión de los años 30 en Estados Unidos.

Lo más probable es que el banco central haga un juego de dos estrategias conjuntas. Por un lado, y dado su poder discrecional, cambiar la tasa de deslizamiento del córdoba a la vez que mantiene un control de salida de dólares. En este 2019 la crisis se agravará a raíz de las reformas al INSS y tributaria (ver siguiente epígrafe), lo cual empeorará la salida de capitales. Reduciendo la oferta monetaria, decidiendo discrecionalmente a quién venderán dólares, y controlando la salida de divisas de la economía, la poca confianza empresarial que queda desaparecerá y surgirá la peor crisis que han visto los nicaragüenses desde los sandinistas.

El tiro de gracia: la reforma tributaria y reforma de la seguridad social (INSS)

Luego de que en el 2018 no pudo pasar la reforma al INSS, 9 meses después Ortega y su congreso aprobaron las modificaciones al seguro social. La reforma aumentó la carga patronal de 19% a 22.5%, y la carga del trabajador de 6.25% a 7%. Además, según FUNIDES, se reducen en promedio un 35% las pensiones de nuevos jubilados.

A pesar del categórico rechazo de la iniciativa privada a la reforma, el gobierno hizo oídos sordos. Por el lado patronal, provocará menores contrataciones, despidos, y mayor desempleo. Por el lado laboral dejará a los trabajadores con menores ingresos, lo que terminará golpeando su ya lastimado poder adquisitivo. Las principales empresas afectadas serán aquellas que utilizan intensivamente mano de obra, pero en lo general se espera que el desempleo aumente en todos los sectores económicos.

Es cierto que la reforma era vital, pues si no se aumentaba de alguna manera los ingresos del INSS, el instituto quebraría. Pero la forma abrupta en que se hizo, menos gradual que en la reforma propuesta en 2018, provocará alzas en la canasta básica, reducción de la liquidez de empresas y familias, y agravará la crisis.

Pero el “tiro de gracia” a la economía nicaragüense lo dio el gobierno con la reforma tributaria. Una reforma considerada como “confiscatoria” por la sociedad civil, que solamente busca mejorar las finanzas del estado que el propio gobierno empeoró generando la crisis del 2018. En la reforma muchos productos alimenticios que no eran gravados empiezan a serlo, aumentó el ISR (impuesto sobre la renta), se incrementaron ciertos impuestos específicos, y se pusieron muchas trabas para que un producto sea exonerado del IVA. Pero lo más descabellado es el impuesto del 1.5% a las exportaciones.

El gravamen de los productos alimenticios afectará al alza la canasta básica, limitando el consumo de las familias, también empujará a las empresas a disminuir su actividad productiva, lo que conlleva recortes, más desempleo, y una crisis en espiral bajista. Según la cámara de industria nicaragüense, los productos de la canasta básica podrían subir desde un 50% a un 70% del precio actual. Si la intención del gobierno era recaudar más, tras reducir la economía y lastimar las finanzas públicas, el efecto será totalmente el contrario al contraer más la economía y disminuir los ingresos fiscales. Es absurdo aumentar los costos a una economía que ya está en recesión porque termina quitándosele la poca liquidez que le queda al sistema donde a las empresas solo les quedan 3 opciones: despedir y ahorrar al extremo, disminuir su producción al mínimo, o cerrar. La competitividad que podía tener Nicaragua se pierde con estos daños a sus industrias, pero principalmente son las personas las que resultan perjudicadas. El desempleo empuja a la informalidad, la migración ilegal o el crimen, y cualquiera de las tres opciones degradan la calidad de vida del nicaragüense. Y, no conformes con el daño ya ocasionado, el gobierno tiene el poder de subir de nuevo los impuestos en mayo si la recaudación no llena sus expectativas.

¿Qué esperar en 2019 entonces?

Este 2019 es sensato esperar una reducción más acelerada de la economía, cayendo incluso más del 10%. La posibilidad de quiebras bancarias continúa al alza si los retiros continúan o aumentan drásticamente. También es factible una devaluación pronunciada o un “corralito” que limite la disponibilidad de moneda extranjera de las personas y empresas. Lo peor de todo es que la situación política es el verdadero causante de los males, y no parece que vaya a cambiar en el corto plazo. Según The Economist, no se esperan elecciones anticipadas a menos que las condiciones políticas se deterioren drásticamente ya que Ortega cuenta con el respaldo del ejército.

Las empresas no solo deben lidiar con menos ventas, menores operaciones, precios internacionales bajos de materias primas y falta de acceso a financiamiento, sino ahora también con mayores impuestos y costos laborales más altos. La incertidumbre que el régimen orteguista introdujo en la economía, la crisis que gestó y el descalabro económico que está sufriendo el pequeño país centroamericano es muestra del tremendo daño que el autoritarismo causa a las economías débiles institucionalmente. Según FUNIDES las empresas ya empiezan a tener escasez de insumos, el crédito escasea o es muy caro, los proveedores no quieren dar muchos días de crédito por el riesgo cambiario y la actividad económica de servicios cae drásticamente al no haber gastos de las empresas primarias o secundarias.

No se sabe cuántos años le podría tomar a Nicaragua para recuperarse de este golpe, pero cada día que Ortega sigue en el poder alargará ese periodo. Si Maduro, con una crisis más dura, ha podido soportar las sanciones internacionales a Venezuela, Ortega parece tener posibilidades de seguir aferrado al poder. A modelo de espejo, Siria y Venezuela reflejan casos de regímenes autoritarios causantes de severas crisis que mantienen el poder al controlar las instituciones del Estado con el apoyo incondicional del ejército. Pero, a menos que Nicaragua quiera seguir el tortuoso camino que han recorrido esas dos naciones, debe cambiar su cúpula gobernante o todo esfuerzo será en vano.