El caso Perenco: la irracionalidad del Gobierno que hará pagar al guatemalteco más por menos

El Gobierno actual está cometiendo un error costoso que pasará factura a cada guatemalteco. Analicemos el caso de Perenco y lo que debe ocurrir para que este expediente no se convierta en otro dolor de cabeza nacional.

El caso Perenco en números

Perenco extrae petróleo del campo Xan, que ocupa apenas el 0.02 % del Parque Nacional Laguna del Tigre, dentro de la Reserva de la Biosfera Maya. En esa fracción minúscula (unas 80 hectáreas, equivalentes a 40 canchas de fútbol), se produce más del 90 % del petróleo guatemalteco.

Desde su inicio en los años ochenta, el campo ha producido unos 145 millones de barriles, y quedan alrededor de 10 a 12 millones de barriles recuperables. La disminución en su producción responde a su declinación natural y a la falta de nuevas perforaciones y/o pozos.

Esta extracción ha generado beneficios económicos, no solo por la inversión, el gasto local y las contrataciones de Perenco —que benefician a un buen número de guatemaltecos—, sino también por los ingresos para el Estado. Desde la renovación del contrato en el 2010, Perenco ha pagado casi mil millones de dólares al Estado.

La realidad fiscal y el mito de la «estafa»

Algunos críticos alegan que el Estado recibe «migajas». Al contrario, el Estado obtiene, en promedio, $20 dólares (más de Q150) por cada barril extraído, sin arriesgar un centavo, mientras que el crudo de Xan se vende con un descuento de ~30 % sobre el WTI debido a su densidad (de hecho, es ideal para asfalto, no gasolina). En proporción, el Estado capta 40 % del valor neto por barril, siendo un socio pasivo que no corre riesgos.

Cuando el precio internacional del crudo bajó de $90-100 a $40-60 dólares, los ingresos también disminuyeron, no porque Perenco pagara menos, sino porque el crudo valía menos.

¿Cómo se han dividido estos aportes?

Una parte de cada barril extraído se distribuye automáticamente:

• FONPETROL (Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación) que reparte dinero, a su vez, a las diversas municipalidades de Petén
• Ministerio de Energía y Minas (MEM), para fiscalización y fortalecimiento técnico
• CONAP, para financiar la reforestación y protección del Parque Nacional Laguna del Tigre
• Ejército, para patrullajes y control en la zona protegida

En otras palabras, la operación de Perenco no solo aporta ingresos generales al fisco: también financia directamente la protección de la misma área donde opera. Desde el 2010, estos pagos suman cientos de millones de quetzales dirigidos a conservación y control territorial que, sin esta actividad, tendrían que cubrirse con más impuestos.

Encima de estos pagos obligatorios, Perenco también ha donado una suma de más de $1 millón de dólares al año a diversos proyectos sociales/locales.

El asfalto: impacto directo en tu bolsillo

El crudo pesado del campo Xan se destina principalmente a la producción de asfalto en la refinería de La Libertad, que abastece entre el 90 % y el 95% del asfalto nacional a un precio estable.

Cerrar Xan implicaría importar asfalto más caro en plena crisis portuaria. Cálculo rápido:

• Presupuesto del CIV: Q9,900 millones al año
• Inversión vial (45 %): Q4,400 millones
• Obras viales (50 %): Q2,200 millones
• Asfalto (60-70 %): Q1,500 millones
• Sobrecosto por importación (+30 %): Q450 millones al año

Esto equivale a Q40 por adulto, o Q80 por vehículo, adicionales solo en asfalto.

Lo que antes sumaba, ahora resta (para el guatemalteco)

Si sumamos el costo no anticipado del cierre (Q35 por guatemalteco) y la pérdida de los aportes de Perenco (Q40 por guatemalteco), el resultado es claro: al menos Q115 adicionales al año por cada guatemalteco adulto, producto de una decisión sin sentido económico ni ambiental.

La idea de «ningún barril más extraído en la Laguna del Tigre» es económica y ambientalmente irracional. Lo que antes aportaba al bolsillo del guatemalteco ahora le costará, como mínimo, Q115 adicionales al año.

Si esta irracionalidad es solo una muestra del resto de las políticas del actual Gobierno —cosa de la cual estoy convencido— y es sintomática de su enfoque económico, el costo de esa irracionalidad superará con creces los Q115 anuales del caso Perenco.

El argumento ambiental: desmontado

La realidad es que no existe daño ambiental. El mayor impacto ambiental del campo Xan ocurrió hace más de cuarenta años, en su fase inicial, con el desmonte, la apertura de brechas y la construcción de infraestructura en un área muy limitada. Desde entonces, la operación se ha estabilizado y el área afectada tiende a reducirse, limitándose al mantenimiento y transporte. Incluso nuevas perforaciones dentro del campo tienen un efecto marginal.

El argumento ambiental se reduce a que está en un «área protegida». Sin embargo, el campo petrolero existe desde 1985 y años después fue declarado área protegida y, aún más absurdo, biotopo. Un biotopo exige un ambiente casi intacto, pero el campo Xan, con pozos, maquinaria y caminos, evidentemente no lo es. Fue una declaración política, no técnica.

Mientras tanto, ajeno a Perenco, la Biósfera Maya ha perdido 33 % de su cobertura forestal desde el 2000 (NASA), principalmente por asentamientos ilegales, ganadería ilícita y narcotráfico. El Estado nunca logró ni logra frenar esa deforestación. Resulta que declarar un área «protegida» no es suficiente para que esta mágicamente se proteja.

A la luz de esto, es absurdo convertir a la extracción petrolera en el villano. Perenco ha financiado al CONAP y patrullajes militares, que al menos han contenido algo del daño. Sin esos recursos, la deforestación continuará e incluso se acelerará. Es ambientalismo invertido: en nombre de la protección, destruyen lo que dicen salvar.

De un ambientalismo sano a uno enfermizo

Un «ambientalismo sano» busca prevenir daños y minimizar el impacto ambiental del sector primario. Un «ambientalismo enfermizo», en cambio, rechaza toda forma de extracción primaria o cultivo, incluso si sus alternativas resultan más dañinas para el medioambiente o frenan el desarrollo de un país. El colmo de esta visión radical es pretender mantener a Guatemala en la miseria para evitar cualquier impacto ambiental, por mínimo que sea.

No solo es enfermizo: es hipócrita. La mayoría de quienes defienden estas posturas usan un iPhone todos los días. Un iPhone —como cualquier celular— contiene 10 gramos de plástico derivado del petróleo; níquel (micrófono y antena); oro (conectores); plata (conductividad); cobre (cables y placas); aluminio (exterior); silicio (pantalla y semiconductores); y cobalto y litio (batería), entre muchos otros menos conocidos.

Todos estos materiales pueden extraerse en Guatemala, como en algunos otros países. Oponerse aquí al sector primario mientras se consume tecnología que depende de esos recursos solo traslada la extracción a otros lugares, con peores condiciones ambientales, mayor daño ecológico y costos más altos.

El ambientalismo radical del actual Gobierno no solo es irracional, sino que también un síntoma de su hostilidad más amplia hacia la inversión privada. Prueba de ello es que, pese al discurso oficial, la inversión extranjera neta ha sido negativa: ha salido más capital del que ha entrado.

Consultoría tras consultoría

A la vez, el actual Gobierno se ha vuelto experto en contratar consultores para el campo Xan. Lo más reciente: encargarle a la estatal mexicana Pemex —envuelta en casos de corrupción— la asesoría para «cerrar» el campo.

Esto plantea preguntas: Perenco ha entregado, desde el 2010, un total de casi Q40 millones al Ministerio de Energía y Minas para capacitar a su personal en materia petrolera. El Gobierno actual ha recibido casi Q4 millones para capacitación. Entonces, ¿qué pasó con el dinero? ¿Por qué el ministerio actual no es capaz de enfrentar técnicamente un expediente regular? ¿Por qué necesita contratar a una empresa mexicana estatal para asesorar, a pesar de haber recibido Q40 millones desde el 2010 o Q4 millones desde que asumió el poder?

Realmente parece una burla al guatemalteco de a pie.

Conclusiones

La política ambiental del actual Gobierno —hostil de por sí a la iniciativa privada— es irracional. No tiene sentido cerrar a la fuerza el campo Xan cuando es posible continuar la extracción petrolera sin impacto ambiental adicional.

Esta decisión golpeará el bolsillo del guatemalteco: donde antes Perenco aportaba Q40 al año y financiaba la vigilancia del parque y la reforestación de la Laguna del Tigre, ahora el ciudadano deberá cubrir esa suma, más Q85 anuales por un asfalto más caro y por un cierre innecesario.

La irracionalidad gubernamental le sale caro al guatemalteco.