Una refutación al Gobierno de Guatemala sobre el salario mínimo

Días antes de Nochebuena, y a menos de dos semanas antes de que entrara en vigor, el presidente Bernardo Arévalo decidió subir el salario mínimo un 7.5 % para el 2026. Este aumento, muy por encima del crecimiento económico, viene tras otro fuerte incremento de 10 % para el 2025. Desde el inicio de su gestión, hace apenas dos años, el salario mínimo se encuentra 18.25 % más alto. Hace un año escribí con detalle sobre las consecuencias negativas del salario mínimo: principalmente, el empleo informal que reduce la inversión productiva a costa del empleo formal.

Esta vez, mediante un comunicado apurado que compartió el gobierno (con muchísimos errores ortográficos), se dieron varias «justificaciones técnicas» para la decisión. En este artículo, repasaré cada una de estas justificaciones y las refutaré una por una. Como siempre, y como es sello del gobierno actual, refugiarse en tecnicismos no necesariamente implica rigor.

Los datos del IGSS

Uno de los motivos con que Arévalo justifica el incremento es la afiliación al IGSS. Escribe: «La afiliación al IGSS continúa expandiéndose (…) lo que evidencia que no hubo pérdidas de empleo formal».

Esta es una burda generalización, especialmente si sabemos todos que el peso del sector público dentro del IGSS es enorme, pero que el sector público siempre e invariablemente vive de la extracción de recursos del sector privado.

De hecho, como puede observar en la gráfica arriba, desde que Bernardo Arévalo inició su gestión, los datos del IGSS demuestran que el empleo estatal ha incrementado 12% en apenas 21 meses, una cifra enorme.

Sin embargo, vale la pena examinar los datos con mayor detalle. Primero, la afiliación total. El gobierno se olvida, convenientemente, de que los datos del IGSS deben analizarse en comparación a la población trabajadora total.

Aquí podemos ver que la premisa del gobierno es errónea: no solo se redujo la afiliación al IGSS como porcentaje del empleo formal sino que también disminuyó la afiliación al IGSS como porcentaje de la población económicamente activa (PEA). En septiembre del 2024 la afiliación al IGSS representaba todavía el 21.4 % de la población trabajadora; un año después, esa cifra se redujo al 21.1 %. De igual modo, en relación con la PEA, afiliación al IGSS cayó de 67.7 % a 64.0 %. Esta no es la historia que cuenta el gobierno.

El hecho de que se redujo la afiliación al IGSS como porcentaje del empleo formal es una directa consecuencia de la política salarial: dado que las empresas no pueden pagar salarios por encima de la productividad, recurren a la facturación por servicios en lugar de contratar en planilla. Esto implica que una de las consecuencias negativas de la política salarial de Arévalo, contrario a sus propias intenciones, es reducir la afiliación al IGSS entre los trabajadores (en este caso, entre los trabajadores formales).

Ahora bien, si excluimos al gobierno (en su calidad de patrono) de la afiliación del IGSS y analizamos el empleo formal, los datos son más preocupantes.

En septiembre del 2024, antes del incremento de 10 % del salario mínimo, el 42.7 % del empleo formal estaba afiliado al IGSS. Después del incremento, solo el 40.7 % del empleo formal se encuentra afiliado. Esta diferencia de dos puntos porcentuales involucra a cientos de miles de personas. Afirmar que el incremento no tuvo impacto negativo es un error.

En relación con la población económicamente activa, observamos que la afiliación al IGSS se mantuvo igual, a pesar de incrementos en la productividad privada. Usualmente, cuando la productividad aumenta, y en ausencia de otros cambios, se esperaría un aumento tanto en el empleo formal como en la afiliación al IGSS. El hecho de que esto no haya ocurrido sí es preocupante y resultado directo de la política salarial.

Prioridades de la nación: ¿el objetivo «crear empleo formal» ahora se convirtió en «no destruir empleo formal»?

Encima de esto, no es suficiente demostrar la «no destrucción» de empleo. Si estamos de acuerdo con que el gran problema de Guatemala es (i) los bajos salarios (pobreza) y (ii) la falta de empleo formal (es decir, la informalidad), no es suficiente contentarse con la ausencia de daños al empleo formal ya existente.

Se deberá tener en cuenta el costo de oportunidad: aquel empleo formal que hubiera sido creado en ausencia de la intervención. La historia económica no tiene contrafactuales («qué hubiera pasado si») y hasta cierto punto es incuantificable: nunca podríamos cuantificar el empleo formal que no haya sido creado por culpa del salario mínimo.

«Inflación baja»

Otro motivo que cita el comunicado del gobierno es la «baja inflación». Según ellos, la inflación en el 2025 es muy baja, y eso demuestra que el aumento de 10 % para el 2025 «no se trasladó a los precios del consumidor».

Esta declaración hace hincapié en muchas cosas. Primero, la enorme cantidad de trabajo informal en Guatemala que no es regida por el salario mínimo decretado. De hecho, esto se refleja en las diferencias regionales en la inflación.

Fuente: INE (IPC octubre 2025)

En este mapa se observa que la inflación es más alta en el área metropolitana de Guatemala donde se concentra el trabajo formal. De hecho, la tasa de inflación es tres veces mayor en el área metropolitana que en la región con menor inflación, según el INE (Jalapa y Jutiapa), que, coincidentemente, está entre los departamentos con mayor informalidad. Este patrón geográfico evidencia que el incremento en el salario mínimo sí provocó efectos en la inflación.

Segundo: las diversas formas de medir la inflación. La inflación, entendida como un incremento en el nivel de precios, lleva a la pregunta: pero ¿cuáles precios? Y ¿cómo ponderarlos? En este sentido, es curioso que el Instituto Nacional de Estadística (INE) haya cambiado la metodología dos veces en el pasado reciente, tanto en el 2024 como en el 2025. El año base fue puesto en diciembre del 2023, y parece ser una decisión política, ya que los precios se dispararon en octubre y noviembre del 2023, debido a los bloqueos. De esta forma, se subestima la inflación por un efecto temporal que coincidentemente ocurrió justo después.

Se puede observar en esta gráfica tres maneras alternativas de aproximar la inflación. Una es la tasa de inflación del INE (que es el cambio en el índice de precios al consumo). Otra es la tasa de inflación del INE, pero sin incluir los precios de la energía y los alimentos (inflación «subyacente»), la cual es la opción preferida del banco central de Estados Unidos. La última es, a mi juicio, la más honesta, porque se basa en lo que las personas realmente compran, que es el deflactor del PIB del Banco de Guatemala. En efecto, el Banguat, para calcular el crecimiento económico real, estima la producción nominal y real (corregida por inflación), encadenando volúmenes. La diferencia entre ambos es el «deflactor», una medida de la pérdida del poder adquisitivo.

La diferencia es grande: el Banguat implica una inflación de 4.4 % a nivel nacional, por encima de su propia media inflacionaria (meta que en realidad debe ser más baja), mientras que el INE coloca la inflación cerca de 1 %. En resumen, los precios sí están subiendo (más de lo que sugiere el INE) y sí hay evidencia que sugiere que la política salarial es la responsable.

Además, esta justificación carece de coherencia, porque ahora se argumenta que «la inflación es baja, no se trasladó el incremento del salario mínimo a los precios y podemos seguir incrementándolo»; pero cuando la inflación es alta, argumentarán que pueden (y deben) subir el mínimo «porque el poder de compra se habría reducido».

«Crecimiento económico sostenido»

Por el momento, la economía guatemalteca se mantiene en la misma trayectoria de crecimiento que ha tenido por un buen periodo (independientemente del gobierno). Según el gobierno, se proyecta un crecimiento económico de 4.1 % para el 2026 y 3.7 % para el 2025. Esto «justifica», según ellos, el incremento.

Como media verdad, es correcto afirmar que la economía sigue creciendo. El aumento de la producción nacional es el resultado de una combinación entre el trabajo y los bienes de capital que lo complementa. En otras palabras, el incremento de la producción no es atribuible en un 100 % al trabajo, sino también al aporte de estos bienes de capital.

Un pequeño ejemplo ilustra mucho. Imagínese que tiene una fábrica de galletas. Tiene dos empleados que producen 100 galletas. Estas galletas valdrán Q1000 en el mercado. El aporte del trabajador a las galletas equivale a Q100 por cada empleado (el resto son otros costos más el residual, es decir, la ganancia). Ahora imagínese que el dueño decide comprar una máquina que multiplica la productividad: entre dos empleados, logran producir 10,000 galletas (en lugar de 100) que valdrán Q100,000 (en lugar de Q1000); ¡100 veces más! ¿Deben recibir los dos empleados los Q90,000 adicionales? La respuesta es obvia: no. Parte del «crecimiento» en nuestro ejemplo es derivado de la máquina. Si la máquina costó Q89,000, incrementó la productividad de cada empleado en Q500. Se podría llegar a pagar Q500 más a cada uno sin que se reduzcan las ganancias empresariales. En nuestro ejemplo, la producción aumentó 100 veces. El pago a los empleados por sus aportes respectivos podría aumentar hasta 5 veces. La producción aumentó principalmente por la inversión productiva que realizó el empresario.

Sin embargo, lo que el gobierno actual pretende es que el trabajador no solo tenga derecho a recibir los Q90,000 totales (Q45,000 por cada uno), ¡sino incluso más! En otras palabras, el gobierno actual no solo atribuye el incremento de 4 % en la producción exclusivamente al factor trabajo, sino que además quiere otorgarle ese 4 % más otro 3.5 %. Es evidente que esto implicaría un aumento en el salario mínimo superior a la productividad total, sin mencionar la productividad laboral. Esta política desincentiva la inversión productiva en la economía guatemalteca.

Si la economía crece 4 %, subir el salario mínimo 7.5 % no tiene sentido; el crecimiento económico es como un «techo». Si la economía crece 4 %, no debes subir el salario mínimo más del 4 %. Más bien lo contrario; si la economía, la producción total, sube un 4 %, y parte de este incremento es debido a la inversión en bienes de capital, el incremento debe ser una fracción del incremento.

Una discusión técnica debe ser sobre la existencia y el nivel del salario mínimo, no sobre el «incremento»

Tampoco tiene en cuenta el nivel de la productividad y del salario mínimo. Una analogía: si subimos la altura de los techos de las casas guatemaltecas 2 centímetros, porque el guatemalteco promedio ahora mide 2 centímetros más, ignoramos una pregunta más importante: ¿qué tan altos son los techos ahora?

Si los techos ya están a 240 centímetros, incrementarlos 2 centímetros no ayuda a nadie, porque nadie mide 240 centímetros; pero si los techos son de 130 centímetros, ¡entonces 2 centímetros más no van a resolver el problema de tener techos demasiados bajos!

Además, realmente debemos aspirar a un mayor crecimiento económico que pueda sacar al país de la pobreza. Debemos aspirar a que la economía crezca 7, 8 hasta 10 % anualmente para poder salir de la pobreza en el mediano plazo y pertenecer al grupo de los países económicamente desarrollados. La política salarial es uno de los factores que lo impide. No se puede «fingir» crecimiento económico que no hay mediante políticas estatales de salario mínimo.

¿La desigualdad?

Si uno entiende, aunque sea un poco, de lo que he tratado de explicar, sabrá que el salario mínimo no logrará lo que pretende el gobierno. Aunque el gobierno afirma que «el reajuste al salario mínimo … reduce brechas de desigualdad y … promueve el empleo decente», en realidad logra precisamente lo contrario. A volver cuasipermanente la informalidad y subir todavía más las barreras para el empleo formal, se condena a una mayoría de guatemaltecos al empleo informal sin salida alguna.

Esta cuasipermanente informalidad ha sido una de las principales causas de muchas de las «desigualdades» que dice Arévalo solucionar: desde el acceso a crédito bancario hasta ser proveedor de establecimientos formales. La informalidad también impide las economías de escala, otra causa más de la relativa pobreza de los trabajadores «informales», realidad que el gobierno actual no quiere reconocer.